Para el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, “la crisis fiscal no puede convertirse en excusa conveniente para que el Gobierno ni ningún municipio renuncien a obligaciones en la prestación de un servicio básico tan esencial como la salud”, expresó el dirigente sindical en rechazo al proyecto de ley aprobado en el Senado que abriría paso a la venta de hospitales y otras instalaciones de salud.
La pieza legislativa fue aprobada en el Senado con el más entero secretismo y de manera “fast track”, sin ser evaluada en vistas públicas y con la oposición de las minorías legislativas. La medida contempla la venta de facilidades de salud a corporaciones privadas que lleven 10 años o más ofreciendo servicios en el país.
Al modo de ver de Guzmán López, quien preside la organización sindical más numerosa en el país en el área de la salud pública y privada, de convertirse en Ley esta medida legislativa, “se agudizaría el proceso irreversible del mayor costo social en Puerto Rico con la venta de facilidades médico-hospitalarias del Estado y habría una renuncia total del Gobierno a la responsabilidad de velar por la salud de los sectores más desaventajados económicamente del pueblo puertorriqueño, al tiempo que se pone la salubridad pública a expensas de la voracidad de lucro de la empresa privada”.
“El pago de la deuda pública y el ajuste fiscal a ultranza se han convertido en la prioridad de los que determinan colocar a la gente en último lugar, por lo que no debe intentarse por frías razones contables esta barbaridad”, argumentó el líder sindical.
Entre las facilidades de salud que podrían ponerse a la venta está el Centro Médico de Puerto Rico, principal proveedor de medicina terciaria y supraterciaria, a donde acuden pacientes de todos los estratos sociales, con o sin plan médico, incluyendo a extranjeros residentes o de visita en el país.
También aduce la UGT podría estar vendiéndose el Hospital Regional de Bayamón (HURRA), facilidad hospitalaria que históricamente ha sido abandonada por el Departamento de Salud y que muy bien pudiera utilizarse para descongestionar el habitual hacinamiento prevaleciente en el Centro Médico.
Arguyó, finalmente, el presidente de la UGT que la Cámara de Representantes está en la obligación moral de detener este proyecto de ley, luego de vistas públicas participativas y de una sobria y profunda evaluación del mismo, además de reafirmar “la utilización de todos los recursos y medios sindicales y sociales que sean necesarios en oposición a ese designio nefasto contra el derecho sagrado a la salubridad pública”.
