Entendiendo que los acuerdos alcanzados en La Fortaleza para los empleados públicos representados sindicalmente bajo la Ley 45 de Sindicación de los Empleados Públicos es un asunto que debe considerarse aparte y separadamente de cualquier posible acuerdo con las corporaciones públicas bajo la Ley 130, el pasado miércoles, 11 de junio, los trabajadores de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe determinaron mediante voto secreto en urnas colocadas en sus centros de trabajo otorgar un voto a favor de una Asamblea de Desagravio por 24 horas que detendría las labores normales por ese período de tiempo en ambas corporaciones públicas.
Los trabajadores de esas dos corporaciones públicas demostraron su cría de clase trabajadora y en el caso de ASEM, el resultado de la votación fue el siguiente: 806 votos a favor de la Asamblea de Desagravio de 24 horas de duración y 68 votos en contra. Hubo una papeleta en blanco y una nula. Asistió a votar el 92% de la matrícula de la UGT en ASEM.
En el caso del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, 374 de sus trabajadores unionados votaron por el paro de 24 horas, en tanto que únicamente 12 votos fueron en contra.
La Asamblea de Reparación de Agravios del Gobierno, que para todos los efectos prácticos es un voto para un paro de 24 horas, cuya posibilidad fue consultada por la Unión General de Trabajadores (UGT) a las matrículas de ambas corporaciones públicas, es una expresión de repudio a los proyectos de ley para la sustentabilidad fiscal (emergencia fiscal) que se pondrá en vigor en ambas corporaciones públicas, el lunes, 23 de junio, a partir de las 5:00 de la mañana.
La UGT formó parte de los sindicatos que negociaron y alcanzaron acuerdo con el Gobierno para los empleados de las agencias de la administración central de Gobierno representados sindicalmente bajo la Ley 45 de Sindicación de los Empleados Públicos, pero también representa a trabajadores de seis corporaciones públicas, entre ellas ASEM y el Cardiovascular, cuya aplicación de una Ley de Sustentabilidad Fiscal afectará igualmente, si no se alcanza un acuerdo con sus respectivos patronos, como deja abierto ese espacio la ley enmendada que se apruebe, tal como sucedió en el caso de los trabajadores de la administración central de Gobierno.
Vencida la situación de los servidores públicos bajo la Ley 45, ahora nos disponemos a emprender una lucha por proteger los derechos laborales y los convenios colectivos bajo la Ley 130.
