La animosidad contra servidores públicos en el país es el resultado de una campaña de demonización en la opinión pública dirigida a culpar a los trabajadores del sector público por la crisis fiscal que abate al país y por los altos costos y las deficiencias estructurales de los servicios a la ciudadanía
La más reciente víctima de esta campaña de demonización de los empleados públicos ha sido Luis Lugo Torres, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santa Isabel y compañero unionado de la UTIER, quien permanece hospitalizado tras ser apuñalado en una oficina comercial por un ciudadano, identificado por la Policía como Juan de Dios Rodríguez Vega, de 76 años. Este ciudadano es un abonado de la AEE implicado en hurto de electricidad. No se trata de un indigente, sino de una persona adinerada con piscina en su residencia y se estaba robando la energía eléctrica.
Rodríguez Vega fue acusado por tentativa de asesinato y quedó sumariado en prisión, al no poder pagar la fianza de $400,000 que le impuso la jueza María Vázquez Muñoz.
Situaciones de agresiones físicas contra servidores públicos se repiten constantemente contra maestros en el salón de clases del Departamento de Educación por parte de estudiantes y padres de educandos molestos por las medidas disciplinarias o por las calificaciones otorgadas por el educador. También se repiten en muchísimas otras oficinas gubernamentales contra funcionarios públicos que, en la mayoría de las ocasiones nada tienen que ver con las decisiones que afectan al ciudadano que acude a hacer una reclamación a una entidad del Gobierno o a resolver una situación de pago.
La Unión General de Trabajadores (UGT) hace un llamado a cesar y desistir de esta campaña de demonización que realizan algunos llamados analistas de radio y televisión y agencias de publicidad y relaciones públicas contratadas por el Gobierno para intentar justificar desbarajustes causados por las administraciones gubernamentales que se han turnado en el poder durante las últimas décadas.
Debe entenderse y respetarse que en la gran mayoría de los casos el servidor público es un ser humano abnegado y cumplidor de sus responsabilidades asignadas en su taller de trabajo y que su único fin es servir al pueblo en todo lo que esté a su alcance. Pero no son ellos los que toman las decisiones y lo único que hacen es obedecer órdenes de sus superiores. No puede descargarse la ira ciudadana u culpar a un trabajador en una entidad pública que acude a su trabajo a ganarse el pan honradamente y con el sudor de su frente, como Dios manda y el ordenamiento social requiere. La ira debe dirigirla la ciudadanía contra los que gobiernan y acuden cada cuatrienio en las elecciones a pedir el voto para seguir haciendo más de lo mismo.