Alejandro-Garc-a-Padilla

Por: Rafael Santiago Medina
Periodista

El Mensaje de Estado del gobernador Alejandro García Padilla adoleció de carencia de propuestas que delinearan un proyecto de país pluripartita y multisectorial dirigido a enderezar al país y echarlo a andar. Desaprovechó una buena oportunidad para ello.

A pesar de todo, hubo subyacente en el Mensaje de Estado una radiografía de la situación actual del país, aunque un tanto difusa. Reconocer que “Puerto Rico está ante una de las mayores crisis de índole fiscal y económica en toda nuestra historia moderna” tuvo el efecto de radiografiar la gravedad de la lesión que sufre la nación puertorriqueña.

Hubo una confesión del gobernador García Padilla que no debe pasarse por alto, porque revela que el grave problema de Puerto Rico ha sido sus malos gobiernos. Dijo el Gobernador: “Desde la eliminación de la sección 936, los gobiernos en Puerto Rico pretendieron sustituir el nivel de gasto, de inversión que las fábricas generaban, con préstamos”.

Agregó: “Nuestra deuda, en vez de contraerse o mantenerse igual, se disparó. De $37 mil millones en 2004, subió a $70 mil millones en 2013. Esa mezcla –contracción de la economía y alza en la deuda – amenaza con arruinar a Puerto Rico”. Si esa no es una confesión reveladora de la magnitud de los malos gobiernos que ha padecido Puerto Rico, que venga Dios y lo vea.

Esa mala administración gubernativa permitió, según él, que el endeudamiento se juntara con el deterioro en las operaciones de importantes corporaciones públicas. “Puertos, Carreteras y Energía Eléctrica, sencillamente estaban quebradas. El déficit operacional de Puertos era de $73 millones; el de Carreteras $140 millones y el de Energía Eléctrica de $282 millones. Ninguna de las tres contaba con recursos para pagar sus deudas, mucho menos para adelantar las importantes agendas de infraestructura que son vitales para nuestro bienestar. El sistema de retiro del Gobierno se había deteriorado tanto, que las pensiones de nuestros compatriotas de mayor edad estaban al borde del precipicio. Además de eso, fue necesario ir a las cortes para detener el intento del Gobierno anterior de regalarle más de $200 millones a un banco en bancarrota”.

Empero, en vez de anunciar un plan de concertación nacional para el establecimiento de un proyecto de país para enfrentar esta grave crisis por la que atraviesa Puerto Rico, se dedicó en su Mensaje de Estado a atacar a los seis representantes de la Cámara Baja y correligionarios suyos que votaron contra el proyecto legislativo para imponer un IVA y de cambios cuestionables en el sistema contributivo.

Primero tuvo un destello de luz al decir que no quería cerrarse ante la posibilidad de lograr un consenso con los legisladores. Afirmó: “Igual que estuve dispuesto a escuchar, igual que cedí en muchos puntos de la reforma que les propuse -eximiendo la educación, la salud, las rentas comerciales, aceptando cambios a las tasas del impuesto, y a los alivios ofrecidos – sigo dispuesto a un diálogo con ustedes”.

Anunció que en las próximas semanas estaría presentando un presupuesto y un plan de ajuste fiscal a cinco años, para luego anticipar que si no lograra el consenso aquí, tomaría todas las acciones que sus poderes constitucionales le permitan sin la intervención legislativa. O sea, gobernar por decretos.

Para justificar su anticipado Gobierno autoritario, proclamó que vivimos una etapa de transición en la que los ingresos del Estado muy probablemente serán insuficientes para cumplir con todas nuestras obligaciones.

En anticipación a su nueva administración gubernativa autoritaria, adelantó que si es necesario asumirá con el país la responsabilidad de actuar y que lo hará con los legisladores o a pesar de algunos de los legisladores.

El plan del gobernador García Padilla para lo que queda de cuatrienio consistirá de recortes en todas las ramas de gobierno, sin despidos; un plan de gastos para el presupuesto del próximo año fiscal que partirá de la base de recaudos recurrentes del presupuesto vigente y la supresión de nuevos impuestos improvisados y caprichosos.

Además, aplicar criterios más rigurosos de prioridad a la hora de asignar fondos discrecionales ante la insuficiencia de recursos; una reestructuración radical del Departamento de Hacienda para mejorar aún más la captación de ingresos; la continuación de conversaciones con los acreedores del Gobierno; continuar los esfuerzos de cabildeo en Washington para la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley de Quiebra; extender el crédito de las empresas a las que les aplica la Ley 154, y derogar las leyes de cabotaje.

Anunció que establecerá dos grupos que trabajarán directamente con él y con su equipo de Fortaleza para precisar los pasos concretos para enfrentar la crisis. Uno de los grupos es uno compuesto por financieros internos y externos que tendrá a su cargo fortalecer la liquidez del gobierno. El segundo grupo estará a cargo de la reorganización del gobierno para garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía, el funcionamiento ágil del aparato público, la eficiencia en la provisión de servicios y el fomento de la actividad económica. Este importante esfuerzo, sostuvo, será copresidido por el Secretario de la Gobernación, Víctor Suárez Meléndez, y el Secretario de Estado, David Bernier Rivera.