por Rafael Santiago Medina
El presupuesto consolidado destinado al Departamento de Educación, que fue aprobado para el Año Fiscal 2016-2017, asciende a casi $3 mil millones para unos 361,256 estudiantes, en 1,293 escuelas públicas alrededor del país.
En términos estadísticos, el presupuesto combinado para el sistema público de enseñanza escolar implica teóricamente que si fuéramos a repartir ese dinero directamente a las escuelas correspondería poco más de $2 millones anualmente para cada una de las escuelas y $7,804 para cada estudiante todos los años. La porción mayor de ese cuantioso presupuesto no llega a las escuelas y a los estudiantes.
El problema es la centralización excesiva del sistema de educación pública en un departamento extremadamente burocratizado y donde impera el padrinazgo político y el saqueo mediante contratos de servicio.
La reestructuración del sistema de enseñanza de las escuelas públicas tiene que estar dirigido a una mejor repartición del presupuesto asignado todos los años, de modo que una cuantía mayor del dinero y los recursos lleguen a las aulas y los estudiantes, y no se quede en los círculos poco productivos de una burocracia plagada por el padrinazgo político. Para ello es necesario descentralizar el proceso de la docencia pública con una estructura departamental más pequeña a nivel central y mucho más eficiente.
El presupuesto asignado anualmente al Departamento de Educación es por sí solo de una cuantía mayor que presupuestos generales de países vecinos del Caribe. Si Puerto Rico hubiera sacado el mayor provecho posible a un presupuesto anual que ronda los tres mil millones de dólares, la educación pública en este país fuera envidiable. Para ello, hay que enfocar el sistema educativo en las aulas y no en un aparato administrativo burocrático que se devora el presupuesto.
Una sociedad bien educada y económicamente productiva con conocimiento del manejo de la tecnología de último cuño representa una riqueza de mayor potencial que vastos recursos naturales sin explotar.
