En el Gobierno de Puerto Rico impera la cultura transaccional de negociación. Todo se negocia, según esa creencia. El riesgo es que es esa negociación la soga siempre rompa por lo más fino. Y todo indica que el sector que se piensa sacrificar es el de la clase trabajadora. La castración de las leyes protectoras del trabajador y los beneficios laborales es parte de esa agenda negociadora. Negociar los pagos de la deuda a cambio de los avances laborales que los inversores dicen encarecen sus operaciones industriales y comerciales.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acaba de negociar con un grupo de bonistas unos términos de pago de la deuda que representan una reducción de hasta $670 millones en el monto de su deuda pública no asegurada, a cambio de separar una parte de la tarifa de electricidad que se cobra a los abonados para dedicarla exclusivamente al pago de los bonistas, lo que podría afectar a los abonados de la corporación pública.
Como anticipo a la renegociación de los alrededor de $72,000 millones de la deuda pública del país, se radicaron hace un tiempo atrás los proyectos legislativo (P. del C. 1922 y P. del S. 1092) en cuanto a que se logre un crecimiento del 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para que cese la emergencia fiscal en el país. Esto prácticamente perpetúa la emergencia fiscal.
Estos proyectos de ley señalan que para lograr un presupuesto balanceado se requieren ajustes fiscales que excedan los $1,200 millones. Al 31 de marzo de 2014, la deuda pública de Puerto Rico era de aproximadamente $72,796 millones.
Aun cuando es innegable la situación de crisis fiscal y económica por la que atraviesa el país, casi la totalidad del peso del estado deficitario gubernamental recae sobre los hombros de los servidores públicos. La suspensión de beneficios económicos incrementales, beneficios marginales y bonificaciones, así como la eliminación de la liquidación de licencias en exceso por enfermedad y la uniformidad a $600 de los bonos de Navidad en las agencias del Gobierno central y los municipios tendrá un coste para los trabajadores gubernamentales de sobre $250 millones anuales.
El empobrecimiento de los trabajadores es parte de la receta de ajuste fiscal en este decreto de emergencia fiscal. Se sigue apretando el cinturón a los empleados públicos, a pesar de que en 2007 la nómina para 216,000 trabajadores en el Gobierno era de $5,190 millones (56% del presupuesto), en tanto que ya para abril de 2014 esa nómina se redujo a 91,274 con un costo de poco más de $3,000 millones 37% del presupuesto). Para una entidad de servicio como lo es el Gobierno, donde el recurso humano es su principal factor, el gasto de nómina es razonablemente bajo.
Pero sacrificar las leyes de protección laboral y beneficios laborales y más impuestos al pueblo forman parte fundamental de esa estrategia de renegociación de la deuda pública del país. Serán choretas las llamadas reformas de ajustes económicos y fiscales de aquí en adelante. Ajustes que ajustan a tal grado que asfixian.
