Invertido el proceso resolutivo de la crisis

Invertido el proceso resolutivo de la crisis

Publicado por: El Vocero

La acometida por parte de la Junta de Control Fiscal a la crisis económica y fiscal de Puerto Rico invierte el proceso resolutivo. Se pretende resolver el déficit fiscal sin primero resolver el problema de decrecimiento económico. Con esto se revela la verdadera intención de la junta: intermediar a nombre de Wall Street para cobrar los pagos a la deuda pública con los bonistas.

Lo cierto es que habría que comenzar por resolver el decrecimiento económico y la descapitalización de Puerto Rico que impide los debidos y necesarios recaudos al fisco para entonces poder solucionar la deficitaria situación fiscal que convierte en impagable la deuda pública del país. El decrecimiento económico agobia al País desde hace más de dos décadas. No obstante, la inmediatez de abordar el problema del impago de la deuda domina el proceso.

El plan fiscal que la Junta de Control Fiscal exige a la presente administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es que de aquí al año fiscal 2019 el gobierno logre generar ingresos y ahorros anuales por la cuantía de $4,500 millones. Estos lineamientos que enmarcan el plan fiscal son: aumento de $1,500 millones en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo; reestructuración del bobierno por $1,500 millones; reducción de $1,000 millones en los gastos de la salud pública mediante la reforma salubrista; reducción de $300 millones en la UPR y una reforma al sistema de pensiones que recorte alrededor de $200 millones, entre otras medidas.

Sin embargo, fuera del sometimiento obediente del gobierno de Puerto Rico al tutelaje de la Junta de Control Fiscal y a sus propuestas invertidas de resolución a la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, las dos propuestas económicas que se escuchan de la presente administración gubernativa del gobernador Rosselló son la denominada reforma laboral que empobrece a la clase trabajadora y deroga derechos laborales, y la petición de estadidad.

El desacierto de ambas propuestas es que ni la reforma laboral propicia realmente un clima de inversión de capital ni la estadidad es un modelo de desarrollo económico, sino una fórmula de organización política para que un grupo de estados conformen una sola nación a través de un sistema federativo. El acceso pleno a programas asistenciales del gobierno federal estadounidense no es un paradigma económico, sino un paliativo a la pobreza. Una nación endeudada, con fuertes raíces hispanoamericanas y que tiene una economía menguada y débil no está en condiciones de hacer un reclamo político de estadidad al congreso de Estados Unidos que pueda ser atendido con seriedad.

Para procurar una economía competitiva que resuelva el problema económico y fiscal de Puerto Rico hay que ajustarse a los parámetros del Foro Económico Mundial (FEM). Para ello es necesario fortalecer la infraestructura y el entorno macroeconómico del País, su sistema público y privado de salud y de educación. Estos pilares los denomina el FEM como “elementos básicos” y que suelen ser los primeros pasos a abordar en las etapas tempranas de desarrollo.

Luego hay que solidificar “los potenciadores de eficiencia”, ya sea de sus mercados financieros, laborales o de bienes, pero considerando la capacitación y educación superior, la preparación tecnológica y su capacidad de prepararse para la transición a economías basadas en conocimientos avanzados.

Como parte de esos pilares de la competitividad definidos por el FEM están la innovación y sofisticación de sus estructuras micro y macroeconómicas con capacidad para aprovechar negocios de clase mundial y desarrollos de investigación.

Una economía competitiva con calificaciones altas en estos pilares suele tener un alto producto interno bruto per cápita, observa el FEM.

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