Para el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, el Estado tiene una responsabilidad “inalienable e intransferible” de ofrecer servicios de salud mental al pueblo a través de la agencia gubernamental creada para ello: la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Las opción de privatizar parcialmente los servicios de salud mental al pueblo “no tiene sentido”, por ser una responsabilidad que debe quedar en manos de la entidad con la misión ministerial para tal propósito por ser la salud mental un fin público indelegable y que debe responder a una estrategia política de la administración gubernamental.
“APS se ha convertido en una sanguijuela adherida al cuerpo gubernativo que ha probado reiteradamente su fracaso. Si los recursos millonarios que se le han pagado a APS por un servicio ineficiente se hubieran destinado a ASSMCA, el resultado fuera otro y esta agencia contaría con mayores recursos económicos para mejorar sus servicios de salud mental en el país”, arguyó el dirigente sindical.
Aseguró que los fondos federales que Puerto Rico recibe a través de Medicaid para financiar los servicios de salud mental, Mi Salud (la reforma salubrista del Gobierno) debieran redirigirlos a ASSMCA y no a empresas privatizadoras como APS, que han demostrado su incapacidad.
Eso ayudaría a ASSMCA a compensar los gastos y a poderse enfocar en la población no asegurada, así como ofrecer servicios que no son ofrecidos por Mi Salud o por los planes médicos privados y ejecutar los programas preventivos.
“Limitar a ASSMCA, como se infiere de las declaraciones de su administradora, Carmen Gralau Serrano, a los servicios de salud mental no cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno o por los planes de salud privados en esa área es renunciar al deber ministerial que se le ha delegado y al compromiso de servicio público que esta agencia debe tener con el pueblo de Puerto Rico”, dijo Perfecto Torres, quien representa a los empleados unionados de ASSMCA.
