Las opciones de la reunión del Gobernador con los legisladores del PPD

Las opciones de la reunión del Gobernador con los legisladores del PPD

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El gobernador Alejandro García Padilla apuesta a que la estrategia del shock con el anuncio para meter miedo de una reducción presupuestaria a ultranza de $1,500 millones, sin miramientos, a todo lo largo y ancho del Gobierno funcionó. La reunión con hoy lunes, 11 de mayo, con el liderato legislativo o primero y con el caucus legislativo de su partido, después, en horas de la tarde, tiene como propósito emprender la segunda fase de la estrategia del shock.

Ahora tratará de imponer a los legisladores del partido en el Gobierno un plan de ajuste fiscal, un tanto menos doloroso, con reducciones a partidas presupuestarias, junto a propuestas de recaudos que vuelven a poner el peso de la crisis sobre los asalariados del país.

Las alternativas propuestas por los representantes Luis Vega Ramos, Manuel Natal Alvelo y Luis Raúl Torres de establecer un impuesto al “transfer pricing” de las megatiendas se anticipa que ha sido descartada, porque La Fortaleza dice no generaría entre $300 millones y $400 millones de dólares como se estimó, sino únicamente $100 millones de dólares.

La otra medida que proponía aumentar a un 10% el impuesto a las empresas foráneas en Puerto Rico también ha sido descartada por La Fortaleza, según expresó tajantemente el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista.

El miedo de La Fortaleza a la propuesta de aumentar a 10% el impuesto a las empresas foráneas en Puerto Rico es que no se pueda acreditar la nueva tasa a nivel federal para su deducción, lo que, se dice, pondría en riesgo alrededor de 20,000 empleos bien remunerados.

Ahora se sabe, a tono con un reportaje de Noticel (el periódico cibernético) que los ingresos al Fondo General no son de $8,800 millones, sino de $8,600 millones, debido a que hubo menos recaudos y debido a la pérdida de ingresos no recurrentes que se estiman en unos $625 millones. En el presupuesto para el año fiscal 2015-2016, el Gobierno enfrenta varios aumentos en distintas deudas que totalizan $1,068 millones. Estos pagos a la deuda incluyen los $253 millones en el pago a los sistemas de pensiones. También, $553 millones de aumentos en el servicio de la deuda, que se desglosan en $268.5 millones en los bonos de obligaciones generales, $53.1 millones en un aumento en el servicio de la deuda de los TRANs, $55.5 millones en el aumento del servicio de la deuda de bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público (PFC), $156 millones de aumento en el servicio de la deuda por préstamos del Banco Gubernamental de Fomento que se pagan con asignaciones legislativas y $19.3 millones en asignaciones legislativas del Fondo para el Desarrollo Turístico.

Además, el gobierno enfrenta $130 millones adicionales para requisitos de subsidio al plan de salud de gobierno, un aumento de $40 millones en renta y utilidades, $30 millones en pagos por la Autoridad de Transporte Integrado, $30 millones para mejoras a los sistemas de colección de impuestos del Departamento de Hacienda, y $28 millones para el Centro Comprensivo del Cáncer.

La administración de Alejandro García Padilla ha venido identificando recortes en las agencias del Gobierno y en partidas presupuestarias a entidades sin fines de lucro. Uno de esos recortes estriba en la consolidación (cierre) de escuelas, reorganización del transporte público y en asignaciones especiales por un monto de $250 millones.

Si como adelanta Cruz Batista, director de OGP, el plan que elabora el Gobernador es contar con un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, los nuevos recaudos que propondrá partirán de una base de $8,600 millones, por lo que, habiendo descartado el impuesto de 10% y un impuesto al “transfer pricing” de las megatiendas a las empresas foráneas, los recortes presupuestarios y eliminación de programas en las agencias del Gobierno, así como las partidas de ayuda presupuestaria a las entidades sin fines de lucro, serán inevitables, a pesar de poner la carga de los recaudos sobre las espaldas de los asalariados del país.

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