En opinión del presidente de la Unión General de Trabajadores, Manuel Perfecto Torres, la quiebra de la Reforma de Salud constituye prueba acumulativa sobre el fracaso de la alternativa de la privatización para resolver los problemas sociales del país, pero hay alternativas para no dejar a los médico-indigentes sin protección salubrista.
A su modo de ver, no fueron pocas las voces que, al momento de iniciar la emisión de las primeras tarjetitas, se levantaron para señalar que el modelo propuesto nos conduciría a un callejón sin salida.
Propuso, sin embargo, hacer un inventario de las facilidades médicas que todavía hoy son propiedad del gobierno, tanto a nivel estatal como municipal, examinar los contratos de aquellas que están bajo alquiler de contratistas privados para determinar cómo pueden recuperarse, evaluar el potencial de expansión de las que están bajo el Departamento de Salud e ir reorganizando un sistema paralelo de servicios médicos directos, como necesidad, para garantizar la continuidad de los cuidados médicos curativos y los servicios preventivos de salud que demanda la ciudadanía.
Advirtió que hacer menos que esto, en esta etapa, es apostar al caos en el momento en que la empresa privada decida que no puede continuar asumiendo la responsabilidad de la prestación de los servicios médico-hospitalarios sin el pago por los mismos y los niveles de lucro a los que están acostumbrados.
El problema ahora, según él, es que vendimos los hospitales a precio de quemazón, despedimos médicos. Enfermeras y enfermeros, administradores, personal paramédico, desarticulamos los centros de práctica de los profesionales de la salud, nos entregamos a las avariciosas manos de las aseguradoras de salud para que se ocuparan de la responsabilidad de cuidar la salud ciudadana y hoy andamos detrás de unos árabes para esconder el estrepitoso fracaso del modelo privado de servicios de salud para el pueblo.
Agregó que lo peor de todo es que parece que los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de atender la gravedad de este asunto no han aprendido la dura lección. Y, a pesar de toda la evidencia que tienen ante sus ojos, se resisten a comprender que, sin dinero, las aseguradoras privadas no van a prestar los servicios, que resultó equívoca la premisa de que los servicios públicos eran ineficientes e inequitativos, y finalmente, que delegar una responsabilidad primaria del gobierno en la empresa privada constituye un error de juicio económico y político mayúsculo, sostuvo el dirigente sindical en su apreciación del problema.
Según Perfecto Torres, más allá de las críticas al fracasado modelo privado ensayado por el gobierno en las pasadas dos décadas, se impone la necesidad de dar contestación a la pregunta de cómo atender las necesidades de salud de la población una vez colapse la estructura sobre la cual se fundamenta en la actualidad dicho servicio.
Indicó que actualmente hay una propuesta ante la consideración de la legislatura del país para eliminar la intermediación de las aseguradoras privadas, que se quedan con una gran tajada de los dineros que asigna el estado, y dar continuidad al presente sistema mediante un pagador único. Esta, a su modo de ver, es una medida que se ha ensayado con relativo éxito en algunos estados en Estados Unidos.
