Ahora resulta que conforme a las revelaciones periodísticas de la periodista Limarys Suárez Torres, de El Nuevo Dia, el empresario y donante del Partido Popular Democrático (PPD), Agustín Crespo Rivera, comenzó a negociar el contrato de alquiler del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) Metropolitano en Carolina mucho antes de ser el dueño del local que pretendía arrendar.
Al examinarse el contrato de compraventa que este empresario suscribió con un ejecutivo dominicano y según confirmó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el contrato de compraventa se efectuó el 3 de marzo de 2014, pero las negociaciones con el Secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres Díaz, habían comenzado en 2013.
Aunque la venta del local a Agustín Crespo Rivera fue por la suma de $2.4 millones, se acuerda un ajuste al precio que lo reduce a $1.8 millones si se salda esa cantidad en o antes de 24 meses a partir de la fecha de venta. Precisamente el monto de la penalidad en caso de una cancelación del contrato del DTOP con Educon Management Corp.
El padre de Torres Díaz, secretario de Transportación y Obras Públicas, tiene un parentesco con “Johnny” Crespo, padre de Agustín, propietario del edificio alquilado por el CESCO Metropolitano en Carolina y con quien se hizo la transacción escandalosa.
Por otro lado, el argumento que el Gobierno ofrece públicamente para justificar la mudanza del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) del barrio San Antón, donde estaba ubicado, a local del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) es poco convincente y baladí.
Otra fuente periodística digital, Noticel, también ha dado a conocer que el anterior arrendador del CESCO Metropolitano en el barrio San Antón alega que el análisis de Educon Management Corp. sobre supuestos ahorros en el nuevo alquiler está plagado de errores y que pudo haber sido corroborado fácilmente si el Gobierno se hubiera dado a la tarea de negociar en igualdad de condiciones.
Se aduce con el nuevo alquiler en el Parque Industrial de Carolina un ahorro anual de $478,449 al consolidar las operaciones del Cesco de Carolina, la Directoría de Servicios al Conductor (Disco), y los almacenes de la agencia, en un solo local que carece de suficiente espacio para estacionamiento para los ciudadanos que acuden al lugar a procurar servicios de la agencia.
Sin embargo, algunos de los costos que presentaron en el desglose están incorrectos, según arguye para Noticel el empresario Israel Kopel, dueño de la compañía PDCM, que arrendaba el local en el barrio San Antón. Incluyeron unos costos de vigilancia y mantenimiento en el local de San Antón por la cantidad de $126,345 anuales, cuando ambas cosas se ofrecían de forma gratuita.
Había en el local del barrio San Antón 100,000 pies cuadrados disponibles sin uso, donde podían agregar las facilidades del Disco o ampliar el almacén, del que ya le estaban arrendando unos 20,000 pies cuadrados para esos fines, sin cargo adicional, conforma a lo que indica su dueño. Pero se optó por la mudanza sin una conversación o negociación previa con su propietario, el señor Kopel.
Sigue revelándose más información comprometedora, por lo que llueve y no escampa para Torres Díaz, titular del DTOP y el gobernador Alejandro García Padilla en el caso de este escándalo con connotaciones de corrupción.