El Proyecto del Senado 1350 autoriza al Banco Gubernamental de Fomento, y lo dota con las herramientas jurídicas necesarias, para auditar y refrendar la deuda pública de Puerto Rico a nombre del país.
Continuar aumentando los poderes de una de las entidades principalmente responsables por llevarnos al precipicio fiscal y crediticio que hoy vemos en el país, es un error craso de administración pública, y totalmente inaceptable.
La deuda pública de Puerto Rico tiene que ser auditada, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, la auditoría se debe llevar a cabo por una agrupación ciudadana e independiente del control del Gobierno. Lo contrario sería poner a la cabra a velar las lechugas.
Iniciativas como las recogidas por el Proyecto de la Cámara 2314, endosado por tres representantes de mayoría, son alternativas viables y necesarias para atender responsable y honestamente la auditoría de la deuda pública.