Para el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, cuyo sindicato representa a los empleados de la Oficina de la Procuraduría de Personas con Impedimentos (OPPI), si bien es cierto que hay que corregir las deficiencias administrativas que han puesto en riesgo más de un millón de fondos federales, el gobernador Alejandro García Padilla está en la obligación de salvar más de 50 empleos de esa Procuraduría que podrían perderse con la descontinuación de ese desembolso federal.
Según se ha informado en los medios noticiosos, la Administración de Deficiencias Intelectuales en el Desarrollo (AIDD, por sus siglas en inglés) efectuó una auditoria en OPPI, en la que detectó deficiencias por falta de personal adecuado en la administración de esos fondos federales.
El problema consiste en que a pesar de que OPPI ha aprobado planes de acción correctiva, AIDD no ha querido aceptar dichos planes hasta tanto no haya un compromiso del Gobierno central a tales efectos, algo que no ha podido lograrse debido a que el gobernador García Padilla se ha negado a reunirse con el Procurador Iván Díaz Carrasquillo, dijo Perfecto Torres.
“Es responsabilidad suprema del Gobernador salvar esos empleos en OPPI en medio de esta profunda crisis económica en el país y una alta tasa de desempleo, principalmente tratándose de trabajadores con impedimentos que atienden a personas con igual condición, sobreponiendo la testarudez de intereses meramente partidistas, debido a que Díaz Carrasquillo fue nombrado por el ex gobernador Luis Fortuño y la actual administración desea sacarlo de ese puesto para nombrar a una persona que responda a la administración gubernativa del actual gobernador García Padilla”, aseguró el líder de la UGT.
Agregó el dirigente sindical que “es tiempo ya de anteponer los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico a los pequeños intereses político-partidistas en procura de una buena gobernanza”.