Sindicalistas dictan fundamentos de justa reforma contributiva

Sindicalistas dictan fundamentos de justa reforma contributiva

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Noticia de Primera Hora
Por Sara Del Valle Hernández

http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/sindicalistasdictanfundamentosdejustareformacontributiva-1062050/

Los sindicalistas Federico Torres Montalvo, Luisa Acevedo y Manuel Perfecto reclamaron hoy al primer ejecutivo, así como a los legisladores, que procedan a aprobar una reforma contributiva que le haga justicia “al pueblo trabajador”.

Según Acevedo, Perfecto y Torres Montalvo, un sistema contributivo justo debe ser más progresivo y menos regresivo. En tal sentido, plantearon que la responsabilidad tributaria debe aumentar según el incremento de ingreso de cada contribuyente. En conferencia de prensa efectuada en la Fundación de Hogares para los Trabajadores, en San Juan, los líderes obreros indicaron que el nuevo sistema debe generar actividad económica y atraer nuevas empresas, sin perjudicar a los demás contribuyentes del sistema.

Además, estimaron que debe tener como norte una recaudación adecuada que tome en cuenta las necesidades fiscales del estado.

El grupo de líderes del movimiento obrero denunció que el informe sometido al gobernador Alejandro García Padilla por un comité asesor sobre la reforma contributiva no recogió las propuestas presentadas por los representantes sindicales que participaron en ese organismo.

Por eso, recalcaron que tienen “serias preocupaciones y diferencias en cuanto a las recomendaciones que se presentaron por los consultores del Departamento de Hacienda” expresadas en el citado informe. Torres Montalvo, líder de la Central Unitaria de Trabajadores del Estado, explicó que el comité asesor, creado en 2013 mediante la Orden Ejecutiva 58, rindió un informe el 31 de diciembre de 2014 cuyo contenido no fue avalado por los delegados del movimiento obrero.

Según señalaron, ese informe no cumplió con lo que dispone la citada orden ejecutiva. Además, argumentaron que no hubo transparencia en el proceso, ya que se contrató a la firma KPMG para que les rindiera un informe sobre la propuesta reforma contributiva.

“Esa compañía le rindió ese informe de manera privada al gobernador y el comité no tuvo oportunidad de evaluarlo adecuadamente para rendir el informe en base de lo que dispusieran esas recomendaciones de la firma contratada”, sostuvo Torres Montalvo.

En cuanto a las propuestas específicas que el grupo sindical impugna se encuentran la eliminación de la patente nacional, la eliminación del pago por el inventario en la contribución sobre la propiedad mueble, la reducción de la carga contributiva asociada a la contribución sobre ingresos tanto a individuos como a corporaciones, y el establecimiento de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de doble dígito.

Los sindicalistas entienden que esas medidas crearán un esquema que le quitará responsabilidad contributiva a las corporaciones, específicamente a las megatiendas, mientras pasa la carga fiscal a los trabajadores. “En la medida en que los recaudos se concentren en impuestos sobre consumo, como se propone con el IVA, las personas y las familias de escasos recursos y aquellos que están en la clase media pagarán una mayor proporción de sus ingresos en contribuciones, si se comparan con la proporción que pagarán personas y familias de mayores ingresos”, dijo Torres Montalvo.

“Es pertinente señalar que esta medida es contraria a la propuesta que se discute en Estados Unidos, donde se considera aumentar la contribución sobre ingresos a aquellas personas que tienen la capacidad de aportar más”, añadió.

Luisa Acevedo, presidenta de la Federación Central de Trabajadores (FCT), quien acompañó ante los periodistas a Torres Montalvo y al presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto, cuestionó la capacidad del Departamento de Hacienda para implantar el nuevo sistema tributario.

“Los trabajadores nos sumamos a esa preocupación pues sabemos que en el 2004 había 4,000 empleados en Hacienda y hoy ese número ronda en unos 2,000. Si hay menos personal en Hacienda, ¿cómo se pretende manejar un cambio de la magnitud de lo que se ha discutido hasta ahora?”, dijo Acevedo.

“También nos preguntamos, ante la información que ha circulado en torno a que el IVA está sujeto al fraude, como ha pasado con el IVU (Impuesto de Ventas y Uso), y no es tan cierto que el IVA es un sistema que se supervisa solo, si Hacienda tiene los recursos tecnológicos y el personal para lograr sus metas”, expuso la líder sindical.

El grupo obrero también urgió una reestructuración de la deuda pública y evitar emitir deuda adicional a altas tasas de interés, lograr una eficiencia en el gasto, sin incurrir en despidos, ni recortes de jornadas a los trabajadores, limitar las obras de infraestructura a lo estrictamente necesario y realizar inversiones en iniciativas de desarrollo económico y creación de empleos, mientras se aseguran los beneficios a pensionados y trabajadores.

Las declaraciones de los líderes del movimiento obrero se producen justo mientras se discute públicamente una reforma contributiva, aunque no se ha presentado un proyecto de ley a esos fines. Mientras, La Fortaleza y el Departamento de Hacienda han negado acceso al informe que la firma de consultores KPMG le rindió al gobierno sobre la propuesta reforma contributiva, aduciendo que antes de su divulgación el documento debe ser evaluado por el gobernador.

García Padilla, por su parte, ha anunciado que presentará su proyecto de reforma contributiva a mediados de febrero. En tanto, la Cámara de Representantes aprobó en noviembre pasado la Resolución de la Cámara 1124, que creó una Comisión Especial para el estudio del Sistema Contributivo de Puerto Rico, para recoger en vistas públicas ideas y propuestas de diversos sectores en torno a lo que deben ser los pilares de un nuevo sistema tributario.

El grupo también urgió a realizar una reestructuración de la deuda pública y evitar emitir deuda adicional a altas tasas de interés, lograr una eficiencia en el gasto, sin incurrir en despidos ni recortes de jornadas a los trabajadores, limitar las obras de infraestructura a lo estrictamente necesario y realizar inversiones en iniciativas de desarrollo económico y creación de empleos, mientras se aseguran los beneficios a pensionados y trabajadores.

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