La pesada carga injusta que se pondrá sobre los hombros de los trabajadores a partir del mes de julio con la Ley 26 de 2017 que reduce la aportación patronal a los planes médicos de los empleados a sólo $100 mensuales, aparte de las otras muchas cargas pesadas que se desprenden de la Ley PROMESA que se traducen en políticas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico, tendrá el efecto práctico de reducir el ingreso salarial neto de los empleados públicos.

Esto fue lo que un piquete de los empleados unionados de Administración de Servicios Médicos (ASEM) y su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT), dejó de manifiesto en su protesta hoy al mediodía en la plazoleta del Centro Médico en Río Piedras.

En el caso de los empleados de ASEM, corporación pública que administra el Centro Médico de Puerto Rico, durante manifestaciones en el piquete se trajo a colación que aquellos de ellos que tengan un plan médico familiar, la reducción a su salario por vía de su aportación mensual será de $647 al mes. Ahora su aportación mensual es de $37.00.

Mientras que aquellos empleados de ASEM que tengan un plan médico de pareja, se puso también de ejemplo, cuya deducción de su salario es ahora de tan sólo treinta y un dólares y 36 centavos, tendrán que aportar a dicho seguro médico la friolera de $428.60 mensuales, de $31.72 de deducción de su salario para su seguro médico.

La situación de madres solteras con dos y tres hijos que son enfermeras en el Centro Médico y cuyo único sustento económico en su familia es el de ella, según el presidente de la UGT, Gerson Guzmán López, hace que la situación que enfrentarán a partir de julio sea más patética todavía con esta reducción de facto en su salario como resultado de disminuirse la aportación patronal.

Esta reducción salarial se extiende, dijo el dirigente sindical, a todos los empleados públicos, incluyendo no únicamente los de las corporaciones públicas, sino de las agencias de la administración central del Gobierno. Ello es así, puesto que —según dijo— existen en estos momentos agencias cuya aportación patronal al plan médico de sus empleados supera los $100 y asciende en muchos casos hasta $200 mensuales, y cuyo costo de la prima mensual del seguro médico en exceso de la centena de dólares que aporta el patrono lo tendrá que cubrir el servidor público de su escuálido salario.

Guzmán López indicó que esta carga pecuniaria de los trabajadores del sector público se suma a todas otras penurias económicas que se han impuesto y se pretenden imponérseles a la clase trabajadora del país para que sean los asalariados y más vulnerables del país quienes subvenciones con sacrificios la crisis en que otros que se han turnado en el poder han sumido al país.