Son alrededor de 75 los traslados de empleados en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Muchos de esos traslados son han “despidos constructivos” por tratarse de traslados a regiones sumamente apartadas al lugar donde el empleado reside y ha trabajado durante años. Constituyen, además, violaciones al Convenio Colectivo y denotan ser una práctica laboral ilícita.
La UGT se dispone a radicar esta misma semana querellas contra ASSMCA en la Comisión Apelativa del Servicio Público. Ha iniciado rondas de piquetes, como las celebradas ya en Mayagüez, en todas la regiones y otras acciones concertadas a través del país, que culminarán con un gran piquete y una conferencia de prensa frente a las oficinas centrales de la agencia el miércoles, 22 de octubre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la participación de dirigentes sindicales del movimiento obrero puertorriqueño en solidaridad con los trabajadores de ASSMCA.
Hay programada, también, una reunión para discutir esta situación con la senadora Rossana López la semana que viene, quien ha iniciado una investigación sobre ASSMCA y la transferencia del deber ministerial de esta agencia a la firma privada APS, a la cual pacientes acusan de graves deficiencias en la prestación de servicios de salud mental y de haber prácticamente robado la friolera de $400 millones del erario público en pagos que se le han hecho por un trabajo deficiente y que ciertamente no ha prestado a cabalidad. según los términos del contrato.
El Estado tiene una responsabilidad “inalienable e intransferible” de ofrecer servicios de salud mental al pueblo a través de la agencia gubernamental creada para ello: ASSMCA.
Las opción de privatizar parcialmente los servicios de salud mental al pueblo a través de APS“no tiene sentido”, por ser una responsabilidad que debe quedar exclusivamente en manos de la entidad con la misión ministerial para tal propósito por ser la salud mental un fin público indelegable y que debe responder a una estrategia política del Estado.
APS se ha convertido en una sanguijuela adherida al cuerpo gubernativo que ha probado reiteradamente su fracaso. Si los recursos millonarios que se le han pagado a APS por un servicio ineficiente se hubieran destinado a ASSMCA, el resultado fuera otro y esta agencia contaría con mayores recursos económicos para mejorar sus servicios de salud mental en el país.
Los fondos federales que Puerto Rico recibe a través de Medicaid para financiar los servicios de salud mental la Reforma salubrista del Gobierno “Mi Salud” debieran redirigirlos a ASSMCA y no a empresas privatizadoras como APS, que han demostrado su incapacidad.
Eso ayudaría a ASSMCA a compensar los gastos y a poderse enfocar en la población no asegurada, así como ofrecer servicios que no son ofrecidos por Mi Salud o por los planes médicos privados y ejecutar los programas preventivos. Se evitaría, de igual forma, esta anarquía de traslados de empleados en la agencia, provocada por un intento de hacer reajustes con el servicio de salud mental.
Limitar a ASSMCA, como se infiere de las declaraciones de su administradora, Carmen Gralau Serrano, a los servicios de salud mental no cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno o por los planes de salud privados en esa área es renunciar al deber ministerial que se le ha delegado y al compromiso de servicio público que esta agencia debe tener con el pueblo de Puerto Rico.
La UGT no cejará en su esfuerzo de revocar estos traslados injustos y anárquicos de empleados de ASSMCA hasta verlos revocados. ¡Cuenta con tu Unión!
