Se encuentra pendiente de señalamiento por la Comisión Apelativa del Servicio Público una querella de la UGT por la tolerancia administrativa a la conducta destemplada de una supervisora de la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura. La supervisora que ha provocado la querella ha demostrado no tener el temple ni la ecuanimidad para ejercer su cargo de supervisión. Insulta a los empleados y a los participantes del sistema, por igual. Profiere palabras soeces cuando imparte directrices, es irrespetuosa, abusa de su poder y se refiere a los empleados unionados y a sus compañeros gerenciales por sobrenombres y motes puestos por ella a las personas que trabajan en la oficina central de la Administración de los Sistemas de Retiro.
Por razón de la tolerancia de ASR a la conducta de la supervisora y el malestar y desasosiego entre los empleados unionados a su cargo que la situación ha creado, la UGT se ha visto precisada a recurrir ante la Comisión Apelativa del Servicio Público en auxilio. Son alrededor de seis años soportando los exabruptos de esta supervisora. De hecho, una empleada de la Oficina de Ética Gubernamental cursó una carta a ASR acusándola de mostrar una conducta desarbolada cuando fue a las oficinas de Retiro a procurar orientación y servicios del sistema.
Como si su conducta fuera poco, también viola los reglamentos de forma caprichosa, haciendo planes de pago a su antojo, con términos inusuales en el sistema de hasta 100 meses, cuando lo usual de los términos máximos de pago son regularmente de 60 meses. Tanto Jon Pinder, Director de Recursos Humanos, como el licenciado Francisco del Castillo Orozco, Administrador Interino de ASR, se mantienen impasibles y tolerantes y no toman acciones asertivas con esta supervisora para obligarla a corregir su mala conducta o removerla de su cargo. La inacción de ambos con respecto a esta supervisora contrasta grande y abismalmente con la rapidez con que actúan contra los empleados unionados por cualquier cosa, removiéndolos de sus puestos, suspendiéndolos y persiguiendo al liderato de la UGT en ASR y a los empleados que se atreven a reclamar sus derechos.
De hecho, está bajo serio cuestionamiento el hecho de que no tenga fecha de vigencia la Guía de Medidas Disciplinarias del Manual de Normas de Conducta y Procedimientos Internos sobre Acciones Administrativas de la agencia, así como sus deficiencias de redacción que denotan un prejuicio en la aplicación de medidas disciplinarias contra los trabajadores, en contraste con el trato que se confiere a los gerenciales y supervisores.
