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La Unión General de Trabajadores (UGT) y las uniones que representan trabajadores del Fondo del Seguro del Estado, así como   organizaciones sindicales de la UPR que, también, tienen empleados en las instituciones que forman parte del complejo médico-hospitalario del Centro Médico, efectuarán al mediodía de hoy un masivo piquete y manifestación conjunta en la plazoleta de esa principal institución de medicina terciaria y supraterciaria del país para defender la integridad de sus respectivos convenios colectivo y dejar evidenciado el más rotundo rechazo a los proyectos legislativos de Cámara y Senado dirigidos a trastocar los convenios colectivos mediante un decreto de una emergencia fiscal.

 A la manifestación en el Centro Médico llegaron en una marcha, además, los empleados afiliados a la TUAMA, el sindicato de la Autoridad Metropolitana de Autobuses que efectúan un paro de 24 horas hoy, así como empleados de la Autoridad de los Puertos. En sus declaraciones, el presidente de la UGT, Manuel Perfecto Torres, expresó que “el peso de una crisis que los trabajadores no han ocasionado no puede recaer enteramente sobre los hombros de los servidores públicos”.

Indicó que no hay relación entre los convenios colectivos, el pago de nómina del Gobierno, el déficit fiscal y la deuda pública. Los proyectos de emergencia fiscal en Puerto Rico (el P. del C. 1922 y el P. del S. 1092) pretenden lograr un presupuesto balanceado que reduzca el gasto público en más de $1,200 millones.

El liderato obrero de los sindicatos se unió a estos señalamientos durante la manifestación y coincidieron en que se pretende con estas medidas de la llamada sustentabilidad fiscal la suspensión de beneficios económicos incrementales, beneficios marginales y bonificaciones, así como la eliminación de la liquidación de licencias en exceso por enfermedad  y la uniformidad  a  $600  de  los  bonos  de  Navidad  en las agencias del Gobierno central y las corporaciones públicas.

 “Los números indican que ni la deuda ni el déficit fiscal tienen que ver directamente con el coste de nómina del Gobierno. A pesar de que en 2007 la nómina para 216,000 trabajadores en el Gobierno era de $5,190 millones (56% del presupuesto), ya para abril de 2014 esa nómina se redujo a 91,274 con un costo de poco más de $3,000 millones (37% del presupuesto).  Para una entidad de servicio como lo es el Gobierno, donde el recurso humano es su principal factor, el gasto de nómina es razonablemente bajo”, manifestó el líder de la UGT en sus declaraciones.

Siguió explicando que, no obstante haberse reducido el coste de nómina en el Gobierno durante el período de 2007 a abril de 2014, la deuda creció en ese mismo período de $46 mil millones a $74 mil millones. De $838 millones que se pagó a los bonistas del presupuesto aprobado en el año fiscal 2007-2008, ese pago en el año fiscal 2012-2013 del fisco a los bonistas ascendió a $1,164,858.

“No hay una razón justificada para poner el peso de la carga de los ajustes fiscales y económicos del país sobre los hombros de la clase trabajadora, como se pretende con los proyectos de ley para decretar una emergencia fiscal en el país”, dijo, finalmente.

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