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Publicado en Pagina Oficial de Claridad

Todos lo hemos tenido que hacer por lo menos una vez en la vida. Nos ha costado mucho tomar la decisión, pero no hemos tenido otra salida. Estoy hablando del momento en que hemos tenido que tomar la difícil decisión de incumplir con una obligación financiera, con una institución que nos ha facilitado el financiamiento de algún bien o con otra que nos ha prestado dinero para atender una necesidad, para poder atender una situación apremiante de nuestro hogar.

En el momento de tomar esa decisión nos hacemos conscientes de todo lo que dicen las letras pequeñas del contrato de financiamiento o de la solicitud del préstamo. También hemos tenido que considerar que eventualmente, al hacer el pago cuando podamos, tendremos que pagar un sobrecargo. Tampoco pasamos por alto que nuestro crédito, un bien que hemos cultivado con mucho esmero, también sufrirá un menoscabo. La llamada empírica se reducirá de tal modo que es muy probable que tengamos serias dificultades para que nos financien o presten nuevamente.

Aunque en nuestra mente no está dejar de pagar la deuda, tenemos plena consciencia de que la situación crítica que nos está llevando a tomar esta decisión no se va a resolver con ese solo pago diferido. El estado de nuestra situación crítica nos llevará a incurrir en impagos subsiguientes y hasta que nuestra realidad no cambie radicalmente, que mucho dependerá de factores que están fuera de nuestro control, tendremos que asumir otras veces la misma decisión. En la vida de todos los trabajadores esta realidad ha estado presente permanentemente.

Como hemos sido educados para una sociedad de consumo, y de consumo a base del crédito fundamentalmente, a la carga económica que nos agobia tendremos que sumarle el peso de los reparos de moralidad frente a nuestros acreedores que se nos han inculcado. No son pocos los dolorosos pensamientos que hemos tenido que vencer para dejar de “vestir un santo para vestir otro” al optar por una decisión de impago familiar.

Aún conscientes de que la excesiva deuda gubernamental tiene su origen en una pésima administración política, en una corrupción abierta y descarnada y aún más, en una corrupción en cierto modo legalizada, en conjunto con una jaibería del contubernio entre casas acreditadoras y firmas que se dedican a la venta de instrumentos financieros, sabemos las angustias mentales que deben estar enfrentando los funcionarios de la presente administración gubernamental ante el momento crucial que deben enfrentar a pocos días del momento en que escribimos esta nota.

La lentitud y el conservadurismo con el cual han enfrentado la crisis que desde hace una década viene sufriendo el País los ha llevado a la disyuntiva del pago o el impago de la deuda, con las consecuencias que tiene cada una de las dos alternativas a su alcance. Ésta es, por mucho, la decisión fundamental que habrá de tomar este gobierno. Como sucede en nuestras casas cuando enfrentamos una realidad de esta naturaleza, cualquiera de las decisiones que se tome nos dejará un amargo sabor en la boca.

Desde la perspectiva de los trabajadores, y esto lo hemos vivido cientos de veces, lo que corresponde es el impago. Usted tiene como responsabilidad primaria garantizar la continuidad de la salud de su familia, la educación de sus hijos, su alimentación, garantizar el techo y la continuidad de la vida. Optar por entregar lo que usted tiene para sacar adelante a los suyos, en aras de cumplir con unas instituciones que mientras más reciben más quieren, que no han dado muestras de sensibilidad alguna y entre las cuales hay un número significativo de buitres que pretenden triplicar sus ganancias aprovechándose de la crisis, es tomar una decisión que, más que irresponsable, es suicida.

Señor Gobernador, así como los trabajadores nunca abandonamos nuestras familias, le exigimos que usted no abandone a Puerto Rico. Garantice con los dineros ahorrados hasta el presente el desarrollo de la Isla, la continuidad de las operaciones gubernamentales y no olvide la aportación a los Sistemas de Retiro. Los bonistas tienen recursos para esperar por su pago.

* El autor es Presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Puerto Rico. manuel@ugtpr.org