En nuestra primera lección del Proyecto de Educación Sindical se nos invitó, por el profesor Francisco “Pancho” Moscoso a, como trabajadores(as), conocernos históricamente.

Ciertamente la conferencia ofrecida nos permitió ese reconocimiento en la dualidad de nuestro desarrollo como clase trabajadora desde la perspectiva del desarrollo del capitalismo – partiendo de la comunidad tribal primitiva hasta el desarrollo del proletariado industrial- y desde nuestra relación con los conquistadores españoles, partiendo del modelo de las encomiendas, hasta los albores de nuestras primeras organizaciones sindicales.

En un periodo de una hora y media recorrimos cinco siglos de historia donde conocimos hechos, detalles, hitos históricos y un conjunto de precisiones que nos llevaron desde la explotación inmisericorde de nuestros ancestros taínos en la extracción del oro de nuestras minas, el uso de mano de obra esclava, y la transformación en jornaleros, hasta alcanzar la etapa del trabajo asalariado que aún hoy prevalece.

Esta primera jornada educativa ha sentado las bases para la mejor comprensión de nuestra realidad circunstancial presente y más importante aún, para iluminar la ruta a transitar en las luchas que nos corresponde materializar con miras a construir una mejor sociedad para nosotros, nuestros hijos y las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras, en el mejor Puerto Rico que nos merecemos.

Bajo este título el Profesor Félix Córdova Iturregui nos describe el período histórico que se abre con la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en el año 1898, los primeros años de la colonización norteamericana, el frágil desarrollo de nuestra economía capitalista, y el punto de partida para la organización obrera, esencialmente trabajadores ligados a la agricultura.

El ejercicio del dominio y control imperial, durante los primeros dos años con un gobierno militar y posteriormente con la Ley Foraker, quedan superados por la madurez y la formación del liderato obrero, quienes logran constituir no tan solo la Federación Libre de Trabajadores como instrumento de lucha sindical, sino la organización de diferentes formaciones políticas, partidos dirigidos a la defensa de sus particulares intereses en el limitado espacio democrático abierto por los nuevos conquistadores.

A lo largo de las próximas tres décadas se verifica una intensa lucha obrera en reclamo del cese de la expropiación de la tierra, el pago de míseros jornales en la principal industria de la caña y la total miseria económica en que vive la mayoría de la población de la Isla. Frente a la incipiente burguesía dueña de las haciendas de caña y café, una combativa clase obrera realizará múltiples huelgas en reclamo de ver mejoradas sus condiciones de vida y trabajo.

Tabaqueros, Artesanos y Sastres, en la zona urbana, verán declinar su quehacer laboral ante los avances de la tecnología o la importación de mercancías producidas en los Estados Unidos. La actividad portuaria se constituirá en un sector estratégico donde los trabajadores también darán muestras de su combatividad y determinación de alcanzar una mejor calidad de vida.

Se establece el vínculo que todavía hoy prevalece entre el movimiento obrero puertorriqueño y el de los Estados Unidos. Santiago Iglesias Pantín logra consolidar la influencia de la American Federation of Labor sobre la Federación Libre de Trabajadores. También logra posponer la discusión sobre el estatus colonial de la Isla y de las opciones para ponerle punto final al mismo.

Una multiplicidad de partidos políticos, muchos de éstos producto de alianzas y recomposiciones, ocuparan el escenario nacional. Por su parte los trabajadores formaran sus propias organizaciones obreras, unas de claro corte economicista y otras, abiertamente clasistas.

Además De Santiago Iglesias Pantín, se destacarán en el liderato de la clase trabajadora Manuel Rojas y Esteban Padilla. En el liderato político encontraremos a Rosendo Matienzo Cintrón, Francisco Susoni y José Celso Barbosa, quien fallecerá en el año 1921.

La propuesta del Profesor Córdova Iturregui, quien nos invita a analizar la historia desde el presente, constituye un verdadero reto para los que nos interesa transformar la difícil realidad de la clase trabajadora en el presente.

¿Qué lecciones podemos derivar las luchas obreras del pasado? ¿Qué hechos todavía prevalecen? ¿Cuánto influye nuestra relación colonial en la crisis actual?

¿Hacia dónde dirigirnos?

La década de los años 30 del pasado siglo en Puerto Rico fue una época de crisis económica, coronada por la Gran Depresión. Una clase obrera, fundamentalmente agrícola, que deberá ajustar su vida con bajos salarios, un 65% de desempleo y una inflación del orden de un 33%. La mediana de ingreso semanal por familia es de $6.71 de los cuales el 94% debe dedicarse a la adquisición de alimentos.

En términos administrativos el gobierno enfrentaba un déficit de $1 millón, la deuda pública ascendía a $48 millones, mientras que las grandes corporaciones azucareras sacaban del país $81 millones. Ante esta realidad reinaba una gran inestabilidad económica, política y social. La industria azucarera constituye la actividad económica principal. A ésta se sumaba la producción de tabaco y una incipiente industria textil. La realidad arriba descrita tendrá su contraparte en las luchas obreras que se organizan en la búsqueda de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. En el periodo comprendido entre 1933-1940 se desarrollaran 290 huelgas. En el 1932 Franklin D. Roosevelt aprueba el Programa de el Nuevo Trato.

En 1933-1934 se desarrolla la huelga de los trabajadores de la caña bajo el liderato de la Federación Libre de los Trabajadores. Los acuerdos alcanzados por esta Central Obrera no fueron ratificados por los trabajadores. Éstos deciden llamar a Don Pedro Albizu Campos porque consideran que “este el único hombre que puede dirigir este proceso”. Se evidenciaba así un nivel superior de conciencia de los trabajadores para resistir y luchar contra el gran capital.

Ante la crisis existente el gobierno establece el conocido Plan Chardón cuyo objetivo es proveer ayudas económicas sin cuestionar el modo de producción capitalista. Con el establecimiento de nuevas fábricas se desarrolla la política de La Paz Industrial con la que se busca conciliar los intereses de la clase trabajadora y la clase patronal.

En términos políticos gobernará el país la Coalición entre el Partido Republicano y el Partido Socialista. Aunque ambos partidos tenían diferencias significativas en su programa de organización social. Donde ambos coincidían era en su aspiración a formar parte, como estado, de los Estados Unidos.

Los trabajadores, que rechazaban la política de paz industrial, decidieron crear nuevos instrumentos de lucha. La próxima década verá la organización de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

A partir del triunfo del Partido Popular Democrático nuevos desarrollos industriales, con capital foráneo, se desarrollarán en el país y con los mismos nuevas formas de organización obrera.

Para finales de los años treinta del siglo pasado, la Federación Libre de Trabajadores en Puerto Rico (FLT), estaba afiliada a la American Federation of Labor (AFL) en los Estados Unidos. Esta sindical puertorriqueña que representaba la principal estructura del sindicalismo en nuestro país se había convertido en la caja de resonancia del sindicalismo estadounidense representado por la AFL. Las uniones independientes habían venido surgiendo en Puerto Rico al margen de la FLT. En gran medida habían tenido el apoyo entusiasta tanto del Partido Comunista Puertorriqueño fundado en 1934, como del Partido Popular Democrático fundado en 1938 y nacido de una disidencia al interior del Partido Liberal. Así las cosas, se unificaron dentro de una nueva central sindical, la Confederación General de

Trabajadores (CGT). Para entonces, tanto el Partido Comunista como el Partido Popular apoyaban la independencia para Puerto Rico. La CGT fue fundada el día 31 de marzo de 1940 con la participación de 112 delegados y 42 uniones obreras. La relación del Partido Popular con la CGT se hace más significativa en la medida en que el Partido Popular toma una participación más activa en la defensa de los trabajadores y aumenta entre éstos su oposición al Partido Socialista. También el hecho de que entre sus candidatos a la Legislatura figuraban Ramón Barreto Pérez y Ernesto Ramos Antonini, figuras vinculadas a las luchas del movimiento obrero puertorriqueño.

La participación de líderes de la CGT en el Congreso Pro Independencia entró en conflicto con los nuevos rumbos que comienzan a aflorar de parte de los líderes políticos del PPD en cuanto a la situación nacional colonial, lo que añade otro elemento aún más explosivo al conflicto. A nivel interno dentro del Partido Popular se decretaría la incompatibilidad entre militar en dicho Partido y pertenecer al Congreso Pro Independencia.

Finalmente, esta situación hace crisis durante el Tercer Congreso de la CGT efectuado entre los días 23 al 25 de marzo de 1945. En él se desarrolla una lucha entre dos tendencias principales, ello vinculado con el interés de control de Partido Popular Democrático sobre la organización sindical. En este Congreso la C.G.T queda dividida entre “CGT auténtica” y “CGT gubernamental”. Para entonces, la CGT agrupaba 378 uniones obreras y más de un cuarto de millón de trabajadores. La entronización del control político partidista de la CGT por el Partido Popular Democrático llevó a neutralizar las posibilidades de un fuerte y unitario movimiento de los trabajadores. Por eso, a pocos años de su división, surgiría en 1947, el mismo año de la aprobación de la Ley Taft-Hartley, un nuevo esfuerzo de unidad sindical, la Unidad General de los Trabajadores (UGT).

Los sindicatos agrupados en la UGT determinaron en aquel momento del inicio de la contraofensiva patronal enfrentar la aplicación de la Ley Taft-Harley en Puerto Rico; al poder económico de los patronos; y a la actitud dócil de los sindicatos domesticados, agrupados en la CGT o provenientes de los Estados Unidos. Esta lucha sin embargo resultó en un revés para la UGT ya que ni la Ley Taft-Hartley fue revocada, ni cesó la llegada a Puerto Rico de las llamadas uniones internacionales. No será hasta dos décadas más tarde, durante los años 1970-80, cuando las condiciones en el seno del movimiento obrero empiezan a cambiar, particularmente al calor del renacer de las ideas socialistas y el surgimiento del Movimiento Obrero Unido (MOU) como instancia superior de unidad sindical.

Desde el MOU se desarrolló no solo el repudio al entonces llamado “colonialismo sindical”, sino también, su estructura dinamizó el desarrollo y transformación ideológica de los cuadros sindicales que contribuyeron efectivamente al desplazamiento de muchos dirigentes sindicales totalmente burocratizados y marginados respecto a los intereses de las matrículas que representaban. Sin embargo, como antes surgió al interior de la FLT y de la CGT, tarde o temprano la burocratización en el seno del sindicalismo, una vez más, comenzó a hacer crisis. A las limitaciones impuestas por la Ley Taft-Hartley para el ejercicio de la actividad sindical, se sumó la fragilidad de un modelo de desarrollo económico en constante descomposición que en muchas ocasiones inhibía las posibilidades de organizar a los trabajadores. A lo anterior se suma la ausencia de un polo de unidad obrera en el cual los intereses de las diferentes organizaciones sindicales se vieran a sí mismos representados en una instancia superior de organización sindical que no antepusiera los intereses generales de la clase trabajadora frente a sus patronos y el Gobierno a los intereses particulares. Finalmente, podemos sumar a lo anterior la represión de la cual fueron objeto los trabajadores y sus organizaciones en sus luchas por parte del gobierno.

El 24 de enero de 1995 el entonces Gobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló González anunció a la Legislatura su intención de someter ante su consideración un Proyecto de Sindicación de Empleados Públicos. En estos momentos había en el sector público 286,000 empleados públicos: 195,000 en el Gobierno Central; 45,000 en las corporaciones públicas y 46,000 en los municipios. Para este año se encontraba en curso una denominada “Reforma Laboral” que culmina en 1998 en lo concerniente a la legislación protectora del trabajo.

La Ley fue finalmente aprobada dando paso a la legitimación de la negociación colectiva en el gobierno central para ciertos empleados públicos. La política pública de la Ley Núm. 45-1998 postula que la organización de los Sindicatos debe orientarse por: (a) objetivos de productividad y mejoramiento en servicios al pueblo; (b) armonía con el principio de mérito; (c) equiparar la negociación colectiva con la responsabilidad indelegable de servir al pueblo y el poder que da la Ley en la determinación de los salarios, beneficios marginales y términos y condiciones de empleo; (d) obligación de mantener ininterrumpidamente los servicios esenciales, (e) alentar la solución de disputas mediante mecanismos de quejas y arbitraje. A la aprobación de la Ley 45 le siguió un periodo de negociaciones y relativa mejora de las condiciones de trabajo y salario de los empleados públicos. Si bien la no aprobación de una legislación que contemplara el derecho a la huelga constituye una limitación, no es menos cierto que se lograron firmar Convenios Colectivos que constituyeron pasos de avance. Finalmente, bajo el gobierno de Luis Fortuño Burset, comenzará toda una ofensiva neoliberal que vendrá a desposeer a los trabajadores de las leyes protectoras del trabajo, los derechos adquiridos y la imposición de draconianas medidas de austeridad impuestas por una Junta Dictatorial que niega toda posibilidad de acción democrática en el país.