El PIP presenta medidas para ampliar los derechos de los trabajadores

El representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, radicó hoy un paquete de medidas legislativas dirigidas a proteger y ampliar los derechos de los trabajadores públicos y de la empresa privada “que quedaron desamparados” tras la aprobación de la Ley del Empleador Único (Ley 8).

Márquez sostuvo, en conferencia de prensa, que bajo las nuevas disposiciones de la Ley 8, trabajadores quedaron desprovistos del foro apelativo en violación de sus derechos constitucionales.

Sobre el particular, el legislador independentista detalló que los proyectos 755 y 756, así como la Resolución 149, tienen la intención de atender aspectos relacionados a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

La CASP actúa como un organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, atendiendo casos de asuntos laborales, de querellas y de administración de recursos humanos, tanto para los empleados que negocian sus condiciones de trabajo al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45-1998, como para los empleados públicos cubiertos anteriormente por la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Este organismo también atiende casos al amparo de la Carta de Derechos de los Empleados de una Organización Laboral, Ley Núm. 333-2004.

En el caso del proyecto 755, se busca aclarar la jurisdicción de la CASP sobre apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones al amparo de la recién aprobada Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.

Mientras, el proyecto 756 pretende establecer términos para la adjudicación de controversias pendientes ante la CASP. En tanto, la Resolución Conjunta 149, ordena a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre el funcionamiento de la CASP y el estado actual de las reclamaciones instadas por los empleados públicos que solicitan revisión de dictámenes adversos a dicha agencia.

Las restantes medidas radicadas por Márquez, buscan aumentar a 12 las semanas la licencia de maternidad en las empleadas del sector privado (proyecto 757), establecer una licencia de paternidad en el sector privado (proyecto 758) y constituir una ley contra el acoso laboral (proyecto 759).