Al son de Standard & Poor’s

Puerto Rico no puede seguir bailando al son de Standard & Poor’s y las demás casas acreditadoras. Tenemos que pedirle otra melodía. Las degradaciones crediticias de Standard & Poor’s a Puerto Rico han ido perdiendo credibilidad por representar intereses de los fondos buitres.

Hay que recordar que la calificadora de riesgos Standard&Poors, hasta antes de la crisis una de las más reputadas, y referente del mercado global, fue multada por el Gobierno de Estados Unidos en 1,400 millones de dólares, por la emisión de grados “fraudulentos” que ahondaron y desataron buena parte de la crisis financiera de 2008.

Ahora, esa calificadora de riesgos en el mercado de inversiones vuelve a degradar las obligaciones generales de los bonos de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta (Cofina) y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Alega tener dudas de que Puerto Rico pueda vender la emisión de bonos que el Gobierno pagaría con el impuesto al combustible, conocido como la “crudita”. Con ese dinero se buscar salvar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Una cuarta parte de los recaudos del IVA que el gobernador Alejandro García Padilla ha propuesto como parte de la reforma contributiva se destinará al pago y servicio a la deuda. Eso no parece haberlo tomado en cuenta. Standard & Poor’ únicamente procura que se impongan intereses usureros a los bonos de Puerto Rico.

Standard & Poor’s utiliza un preciosismo retórico y opina creer que “la actual trayectoria económica y financiera de Puerto Rico es ahora más susceptible a condiciones adversas de mercado, financieras y económicas que pueden, a fin de cuentas, afectar la capacidad del Gobierno de pagar sus servicios y sus compromisos de deuda”,

Al justificar la movida crediticia, SP dice que el entorno económico apunta a que Puerto Rico volverá a tener problemas para cerrar el déficit presupuestario. Que, además, temprano en el año fiscal siguiente, el Gobierno podría quedar sin dinero suficiente. Esto, a medida que el Banco Gubernamental de Fomento encare más dificultades para levantar capital.

De igual forma, la firma destacó que la intención del gobierno de reformar su sistema contributivo y reemplazar el IVU con el IVA supone un riesgo de implementación en el corto plazo. Pero es que apenas comienza la discusión pública sobre su conveniencia. El partido en el poder domina ambas cámaras legislativas. Hay ya un proyecto legislativo radicado por el Poder Ejecutivo y el análisis del Legislativo, junto a los alcaldes asociados del Partido Popular Democrático, procurará los ajustes necesarios.

No parece aceptable que Standard & Poor’s interponga esa presión a la discusión y análisis de un nuevo sistema contributivo. Ello tiene el efecto de restarle equilibrio a una discusión seria del asunto. La voluntad del pueblo debiera primar en todo esto.