La salud mental de nuestro pueblo

En esas estamos. Esta es la contestación que regularmente ofrecen los funcionarios gubernamentales cuando se les pregunta por el cumplimiento de la legislación protectora de la salud mental de nuestro pueblo o por la necesidad de hacer cumplir los acuerdos que se negocian con los planes de salud o las instituciones privadas que prestan servicios en esta área de la salud. No es una respuesta exclusiva de una determinada administración gubernamental. La misma respuesta, con variables semánticas, la hemos escuchado siempre.

Las enfermedades mentales, tanto en sus manifestaciones críticas, como en las condiciones crónicas son de muy difícil comprensión para la mayoría de la población. Esta incomprensión no se limita a esta esfera. En el campo de la salud muchos profesionales tienden a pasar por alto manifestaciones de las condiciones mentales, enfatizando en atender las condiciones orgánicas, lo que tiene como resultado el eventual agravamiento de la condición mental.

Con un 8.3% de la población diagnosticada con problemas de salud mental, 773,000 pacientes,  y una inversión de $2,000 millones de los fondos de la Reforma de Salud desde el 1993 hasta el presente, cabría esperar que el nivel de satisfacción de médicos y pacientes fuera mucho mayor que el que prevalece. La gravedad del problema se torna aún mayor cuando tomamos en consideración que por cada paciente diagnosticado,  unos tres familiares directos están en riesgo de desarrollar patologías psiquiátricas.

Ante esta crítica situación no podemos seguir ” en las que estamos” y se hace necesario una reestructuración total del Sistema de Salud Mental administrado por el gobierno. Evidentemente el modelo privado de atención y cuidado de los pacientes ha fracasado. Las hospitalizaciones fragmentadas, los medicamentos genéricos, las citas a psiquiatras y psicólogos controladas y la prevalencia  del criterio de lucro de la empresa privada por encima de la recuperación del paciente, tiene que llegar a su fin.

Los altos niveles de violencia institucional, la imposición de onerosas medidas a la clase trabajadora del país, que integra la mayoría de la población, la crisis económica que ya dura ocho años y la crisis fiscal que conlleva una reducción de los servicios y ayudas que presta el gobierno, son factores que inciden y agravan los grandes problemas de salud mental ya existentes.

Ante una situación que ya ha hecho crisis y que va en ruta hacia niveles  de incremento no se puede pretender continuar enfrentando la misma con las medidas que no han dado resultado. Con más de una tercera parte de la población comprometida o en niveles de alto riesgo, con la incorporación cotidiana de factores estrésantes como lo han sido la Ley 7 en el pasado y las leyes de Sustentabilidad Económica y Quiebra Criolla en el presente,  y con recursos económicos cada día más escasos, se hace pertinente la búsqueda de alternativas que permitan optimizar los servicios de manera costo efectiva.

Nuestra propuesta en esta dirección es meridianamente clara. El trabajo desarrollado a través de Amssca y los otros organismos del Estado evidencian que la ruta de mayor eficiencia está en eliminar intermediarios innecesarios como las aseguradoras, re enfocar los protocolos de servicios a los pacientes de salud mental y el Estado asumir la responsabilidad primaria por el ofrecimiento de los mismos.

Insistir en lo que se ha hecho hasta el presente nos llevará directamente a una situación que podría tornarse absolutamente incontrolable. No tan sólo por el agravamiento de las enfermedades de salud mental, si no por el componente de las reacciones violentas que suelen acompañarlas y que hoy minan nuestra calidad de vida.