Las opciones serias y convincentes para la AEE

Las opciones reales que le han dejado a la Autoridad de Energía Eléctrica no son otras que reducir gastos, desprenderse de operaciones o subir la tarifa mensual de electricidad. Sin embargo, esta última opción no parece razonable dentro del marco de la crisis económica que atraviesa Puerto Rico. Un aumento a las tarifas mensuales de electricidad podría tener el efecto de empeorar más la crisis económica y enturbiar el clima de inversión en el país. Además, abocar a medianas y pequeñas empresas por la senda de la quiebra financiera.

La propuesta hecha por los bonistas representa más endeudamiento, pero bajo sus estrictas condiciones. Su oferta estriba en un nuevo financiamiento de $2,000 millones, incluyendo unos $1,200 millones para la conversión de una planta eficiente de gas en el sur. La idea con la conversión de petróleo a gas natural de esa planta es estabilizar o reducir las tarifas mensuales de energía, a manera de garantizar el pago de la deuda.

Incluye esa propuesta, además, la garantía de compra de unos $1,300 millones de la emisión de bonos que se propone hacer el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) (40% de los bonos emitidos) tras la aprobación del impuesto al barril de petróleo y sus derivados (excepto al diésel) conocido como la “crudita”.

Una negociación con los bonistas como condición para un acuerdo no es factible por sí misma, debido a que la Ley 57 establece que únicamente es facultad de la Comisión de Energía de Puerto Rico evaluar o autorizar cualquier ajuste tarifario.

Si bien es cierto que la AEE se encuentra en el proceso de elaborar una propuesta de revisión tarifaria, , cuyo término es de seis meses y para lo cual tiene que celebrar vistas públicas, es probable que esa opción termine totalmente descartada por ahora. Ese período termina en mayo, tras lo cual la Comisión de Energía de Puerto Rico puede iniciar, de ser necesario, su propio proceso de evaluación.

Esa opción de ajuste tarifario está rechazado de plano por la Junta de Gobierno de la AEE, por las consecuencias nefastas que implica para la abatida economía de Puerto Rico. De modo que únicamente deja abierta dos opciones: reducir gastos y/o desprenderse de operaciones.

Es obvio que reducir gastos y desprenderse de operaciones son opciones que están estrechamente relacionadas. Podría decirse que representan una misma y única opción dentro del actual panorama de acuerdo con los bonistas.

A lo que esto se reduce es a la privatización del proceso de generación de energía. Es la implicación que tiene desprenderse de operaciones. Pero esta propuesta parte de una premisa: que la generación de energía por parte de la empresa privada es más barata. Que en manos de la AEE sería más costosa. ¿Pero tiene esa premisa una base empírica?

Para ello hay que asumir como cierto que la empresa privada es siempre más eficiente. Es una premisa que el neoconservadurismo pretende que creamos por fe. La realidad es que no necesariamente es así. La empresa privada puede ser tan ineficiente como eficiente pudiera ser el Gobierno. Lo que se necesita en el Gobierno es voluntad política para ello.

Establecer a priori que la ineficiencia es una condición “sine qua non” del Gobierno es una justificación prejuiciada y poco argumentativa a la privatización. Representa el endiosamiento de la empresa privada.

Tomar como excusa las garantías de pago de la deuda pública para entregar los bienes patrimoniales del pueblo de Puerto Rico al afán de lucro de la empresa privada resta méritos a la seriedad que pueda mediar en el análisis y discusión de este asunto sobre el futuro de la AEE. Los trabajadores no nos tragamos esa pobre argumentación para justificar la privatización de una empresa de servicio esencial para el pueblo de Puerto Rico y que constituye un factor esencial para cualquier plan innovador de desarrollo económico soberano del país.