No hay diferencias entre la junta de control fiscal y el gobierno local ante las luchas del pueblo trabajador

La utilización del Sistema Judicial de Puerto Rico, para anular el derecho a la huelga de los trabajadores del servicio de lanchas que cubre las Islas de Vieques y Culebra, no se diferencia en nada de las medidas represivas que podría estar poniendo en vigor la Junta de Control Fiscal (JCF) para intentar frenar las luchas del pueblo trabajador en la defensa de sus derechos.

Así lo expresó el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, ante el interdicto que ordena a los trabajadores de puertos ponerle fin a la protesta donde reclaman se detenga la privatización del mantenimiento y la operación del servicio de lanchas.

“Para los trabajadores resulta extremadamente difícil paralizar las labores en agencias donde se prestan servicios esenciales y necesarios para nuestro pueblo. Reconocemos, nadie lo dude, los sinsabores que sufre el pueblo trabajador cuando nos vemos obligados a realizar una manifestación o un paro. Sin embargo, esa es una decisión que sólo tomamos cuando se han cerrado todos los caminos para defender las conquistas y derechos que tanto nos ha costado alcanzar. Es en ese momento extremo cuando decidimos ejercer nuestro derecho a la huelga, derecho que está consignado en nuestra Constitución.

En este particular momento, donde se habla de despidos, reducción de salarios, eliminación del bono de Navidad, eliminación de las leyes de protección obrera y aumento de impuestos, incrementando la carga de una empobrecida clase trabajadora, hacemos un llamamiento al pueblo en general para que comprenda la necesidad de tirarnos a la calle a dar las luchas necesarias para que no se continúe ampliando la gran brecha de desigualdad social y económica que existe al presente.

También hacemos un llamamiento para que se repudie la utilización del Sistema Judicial, tanto el local como el que opera en la Calle Chardón, para arrebatarnos el mecanismo de la huelga como legítimo derecho para lograr la reparación de agravios frente al Gobierno.

Los trabajadores no podemos permitir que nuestras familias sean víctimas inocentes de las desacertadas gestiones administrativas de la clase política, que nos han sumido en la peor crisis de nuestra historia, y de un junte de individuos que, sin ser electos por nuestro pueblo, pretenden hacer que seamos los trabajadores los que paguemos una deuda, con visos de ilegalidad, a todas luces impagable tal y como fue negociada”- expresó enfáticamente Guzmán López.