Los animales carroñeros que se alimentan de otros animales moribundos en el mercado de bonos han caído sobre Puerto Rico. Los fondos buitres se han apoderado del 24% de los bonos de Puerto Rico. Son fondos de inversión de capital de riesgo y de inversión libre en deudas públicas de una entidad privada o gubernamental que se considera cercana a la quiebra.
Esos animales carroñeros son los que se están detrás de la emisión de bonos que espera respaldar el impuesto al crudo y sus derivados en Puerto Rico, conocido popularmente como la “crudita”, que impulsa el gobernador Alejandro García Padilla y cuyo proyecto legislativo, aprobado en medio de pujas y forcejeos en la Legislatura, y que fue aprobado finalmente gracias al voto del representante del PNP Pedro Luis (“Pellé”) Santiago, se apresta a convertir en ley con su firma.
El proyecto legislativo finalmente aprobado eliminó el aumento automático anual de 1.5% más el ajuste inflacionario y condiciona la emisión de bonos a que no sobrepase el pago de 8.5% de intereses. Esto hace inservible este proyecto de ley en lo relativo a las condiciones impuestas por los buitres carroñeros del mercado de bonos.
El plan del gobernador García Padilla es convertir en ley con su firma la pieza legislativa y someter enmiendas en la próxima sesión legislativa que ajusten la “crudita” a la carroña que los fondos buitres requieren.
La emisión de bonos autorizada por la “crudita” es de $2,950 millones. Esto implica que la deuda, al pago de un interés de no menos del 9.6%, se elevaría a alrededor de $3,245 millones. El servicio a esa nueva deuda representaría unos $545 millones anuales para el pago de intereses y amortización del principal por un término que podría ser de 20 años. Pero, además, habría que hacer un ajuste anual de 1.5% por ese término al impuesto de $15.50 al barril de petróleo y sus derivados.
Con esta nueva emisión de bonos de la “crudita”, la deuda pública de Puerto Rico se elevaría a $76,041 millones. Con las consecuencias de que se continuaría año tras año elevando el precio del combustible al pueblo de Puerto Rico, que ahora está a la baja con el descenso en el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, pero que más temprano que tarde volverá a elevarse por reacción concertada de reducción en la producción y abastos en los mercados por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Puerto Rico no aguanta más endeudamientos para que los gobiernos de turno continúen su jauja de gastos sin control.
En 2001, Argentina firmó la suspensión de pagos sobre una deuda de 102,000 millones de dólares, el mayor ‘default’ de la historia. El país logró reestructurar un gran porcentaje de esa deuda en 2005 y en 2010, con una reducción del 65% por parte de más del 92,4% de sus acreedores, pero los fondos buitre, que habían comprado parte de esos bonos en 2008, no aceptaron el acuerdo.
El juez Thomas Griesa, de un tribunal de Nueva York, reclama a Argentina que pague a todos por igual. También a aquellos que no aceptaron la reestructuración en su momento, poniendo al país en situación de impago.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la sentencia del Tribunal de Nueva York y 13 años después de que Elliott Management comenzara a acumular deuda del Gobierno argentino a precios de descuento, la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al país a pagar 1,330 millones de dólares a los acreedores que no entraron en el canje de deuda. Las tácticas que usa Singer ahora son las mismas que utilizó antes contra los gobiernos de Perú y la República del Congo.
Es bajo las garras de los carroñeros fondos buitres que Puerto Rico ha caído presa como resultado de su crisis económica y fiscal.
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