La democracia se diluye con la creación de organismos extraconstitucionales de gobernanza paralela. La Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica que pretende crear la propuesta Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de Puerto Rico es un golpetazo a la democracia.
La propuesta Junta se establecería como una entidad gubernamental “con personalidad jurídica propia, autonomía fiscal y administrativa independiente, con capacidad para operar continuamente”. Tendrá autoridad de supervisión fiscal sobre las agencias u corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.
La Junta se abroga los poderes gubernativos de aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, certificar el cumplimiento o incumplimiento del presupuesto gubernamental, emitir un aviso de incumplimiento, un señalamiento provisional de incumplimiento, designar a una Entidad Supervisada como Entidad Fiscalizada, retirar la designación de una Entidad Supervisada como Entidad Fiscalizada, facultad de abrir cuentas bancarias y administrarlas.
Con el propósito supuestamente de cumplir con la Ley, la Junta podrá celebrar vistas en cualquier momento o lugar, tomar testimonios y recibir evidencia, así como tomar juramentos o declaraciones a los testigos que comparezcan ante ella. Está facultada, además, de poderes de requerimiento y obtención de copias de aquellos records, documentos, información o datos de cualquier entidad gubernamental que la Junta estime necesarios. Pero, también, de poder citatorio, pudiendo emitir citaciones, requiriendo la comparecencia y el testimonio de testigos y producción de cualquier evidencia para recopilar información relacionada a un asunto que se encuentre bajo su jurisdicción.
Ciertamente, se ha comenzado a jugar peligrosamente con los límites extraconstitucionales de la democracia con esta Ley y la creación de esta Junta. La actual administración gubernamental abdica de sus poderes, facultades y responsabilidades constitucionales de ejecutorias gubernativas a favor de una Junta compuesta por cinco personas que no fueron electas por el pueblo en un organismo extraconstitucional al cual se le otorgan poderes reservados a las instituciones creadas por virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Sin duda, con leyes como esta de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de Puerto Rico la democracia se debilita y la Constitución que emana de ella se vulnera grandemente.
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