Sindicatos emplazan a la juez Taylor Swain y la Junta de Control Fiscal

 El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), United Steelworkers y PROSOL- UTIER que representan trabajadores y trabajadoras municipales emplazaron a la juez federal Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que busquen los recursos económicos necesarios ante la determinación judicial de dejar sin efecto la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 del 2019) el cual le impone el pago al sistema de retiro y el plan médico a los municipios.

El reclamo de los sindicatos se fundamenta en el impacto negativo que tendrá sobre el pueblo trabajador la imposición del pago de las pensiones y la reforma de salud, a lo cual se suma también la aportación que deben hacer para el pago de la deuda pública. La sentencia tendría un impacto de alrededor de $400 millones para las arcas de unos Municipios que han visto mermar sus ingresos ante el cierre de numerosos centros de trabajo ante la crisis económica que vive el país desde hace más de una década, las medidas desproporcionadas de austeridad impuesta por la Junta de Control Fiscal y ahora, la reducción de la actividad económica por efecto del Coronavirus.

Contrario a las expresiones que ha hecho la Junta de Control Fiscal, en el sentido de que el impacto a nivel de los pueblos será mínimo, la carga económica que se impondrá a los Municipios redundará en la quiebra total de 40 de ellos y en los pocos que sobrevivan habrá una reducción significativa de los servicios que prestan directamente a la ciudadanía. Es importante recalcar que un número significativo de los servicios que hoy brindan los municipios constituían una obligación del Gobierno Central y que ahora no los presta como resultado precisamente de las medidas de austeridad impuestas por el organismo federal. 

La pretensión de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, para que se usen las asignaciones que ha prometido y en poco ha cumplido el gobierno de los Estados Unidos para llenar las necesidades urgentes de la ciudadanía, además de escapar a las regulaciones bajo las cuales se otorgan, solo tendrían el efecto de desvestir un santo para vestir otro, con el agravante de no ser un ingreso recurrente. 

La eliminación de servicios esenciales como lo son el Manejo de Emergencias, ayudas económicas para la compra de alimentos, pagos de agua, luz y servicios médicos, transportación para personas con necesidades especiales, ayudas a estudiantes, y otros igualmente importantes para paliar la pobreza en que vive más del 50% de la población será el resultado de la anulación de la referida Ley 29.

Contrario a lo señalado por algunos economistas, el golpe a la clase trabajadora y al pueblo en general es todavía de mayor magnitud que lo señalado. Miles de padres y madres, jefes de familia, podrían ser despedidos aumentando aún más los niveles de desempleo que se han disparado a partir de la declaración del estado de emergencia decretado por el Gobierno para contener la pandemia causada por el coronavirus. Además de una disminución considerable de los servicios que se prestan de forma directa a nivel municipal a nuestro pueblo.

Por otro lado, hasta el presente no se han concretizado ninguna de las promesas hechas por el Gobierno de buscar alternativas para la arbitraria acción de la Junta de Control Fiscal, entidad promovente de la acción judicial. De igual manera, han resultado en retórica hueca los llamamientos del sector privado de la economía de “aportar ideas para lograr un cambio en las fuentes de financiamiento de los Municipios”.

La determinación de los sindicatos de unirse en la lucha contra esta arbitrariedad judicial le da continuidad a los reclamos que históricamente han venido desarrollando para exigir la auditoría forense de la deuda, la definición de los servicios esenciales, el cese de la imposición de las medidas de austeridad y la salida de la Junta de Control Fiscal y ahora más que nunca la cancelación de la deuda.