Tres enmiendas preocupantes al Código Penal

Tres de las nueve enmiendas al Código Penal son sumamente preocupantes para las libertades civiles. Tienen intrínsecamente una carga represiva y de coacción a actividades ciudadanas de protección ambiental y sindical.

Una de estas enmiendas restituye el Artículo 200 que penaliza como delito grave la obstrucción o paralización de las obras de construcción con los permisos necesarios, incluyendo el impedir la entrada o el acceso y/o ocupar los terrenos. El cohecho en la otorgación de permisos de construcción en perjuicio de la comunidad queda impune y sin posibilidad de manifestaciones de denuncia pública.

La actividad sindical en el Gobierno no que exenta de la represión y coacción intimidatoria con estas enmiendas al Código Penal. Se enmienda el Artículo 246 de resistencia u obstrucción a la autoridad pública para incluir como delito penal demorar, estorbar u obstruir a un funcionario o las operaciones para la prestación de un servicio gubernativo. El artículo también fue eliminado por la pasada administración de Gobierno de Alejandro García Padilla.

El restablecimiento del Artículo 247 del Código Penal tiene un nombre y apellido en su pretensión represiva: los sindicatos magisteriales y de la salud. Se penaliza la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios al público.

Tanto el Artículo 246 como el 247 del Código Penal que se pretende enmendar por iniciativa ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló Nevares reprime y coacciona penalmente las concertaciones sindicales de protesta en instituciones de salud y de enseñanza so pena de cárcel por delitos graves, más allá de lo contemplado para los sindicatos en las leyes laborales y en el Código Civil.

No tiene ya que mediar la interposición patronal de un interdicto judicial de cese y desista, sino que la Policía puede actuar motus propio si presencia en una actividad sindical de protesta en escuelas o instituciones salubristas lo que se entienda demora, estorba u obstruye sus respectivos servicios gubernativos.

Se pretende poner ataduras y amordazar a la sociedad civil y al sindicalismo mediante esta represión disfrazada de enmiendas al Código Penal.