Una acción inapropiada

En la mañana del pasado jueves, 21 de agosto de 2014, agentes del Drug Enforcement Administration  (DEA) irrumpieron violentamente en la residencia del alcalde del pueblo de Humacao, Don Marcelo Trujillo Panisse. De la información que ha circulado en los medios de comunicación se desprende que la esposa del funcionario intentaba abrir la puerta y solicitaba a los agentes que se lo permitieran, cuando los vidrios de la misma cayeron sobre su persona.

Luego de irrumpir, con armas de fuego en la mano, los funcionarios presentaron una orden de allanamiento y procedieron a registrar toda la propiedad del alcalde Trujillo Panisse. Posteriormente le informaron que buscaban a un hijo de éste.

Tomando en consideración que se trata de dos personas mayores de edad, que se encontraban en la última habitación del hogar y utilizando el aire acondicionado, es normal suponer que se tomarían mucho más tiempo del que aducen las autoridades federales ellos requieren para proceder con violencia a forzar la entrada a un hogar.

Un segundo elemento, presente en este incidente, es el hecho de que la persona que buscaban estaba detenido y encarcelado desde el pasado 31 de julio de 2014, recibiendo asistencia en una facilidad médica del sistema Correccional de Puerto Rico.

Este caso, donde queda evidenciada la violencia institucional, pone también sobre el tapete de la discusión pública la existencia o no de la llamada comunicación entre las agencias de la ley y el orden locales y federales en el País. La exposición innecesaria de la primera familia de Humacao pudo muy bien haberse evitado si dicha comunicación realmente existiera. Las excusas ofrecidas por los organismos federales no resultan creíbles y mucho menos, dejan satisfecho a alguien.

Al condenar  estos actos de violencia innecesaria, lo hacemos dentro del ámbito de la misma preocupación que hemos venido expresando sobre este asunto que tanto afecta nuestra sociedad. También lo hacemos conscientes que esta censurable actuación de los agentes federales, a los que hasta el Gobernador les ha pedido cuentas, ha trascendido por tratarse de una figura pública  cuya integridad y conducta son incuestionables.

No podemos pasar por alto que esta es la misma situación que experimentan cientos de hogares de los sectores  más humilde de nuestro país y por quienes nadie levanta su voz. Una vez más hacemos un llamamiento a la modificación de las conductas violentas, provengan éstas de  las autoridades gubernamentales o de los sectores marginales de nuestro pueblo, de esta forma no vamos a lograr desarrollar la cultura de paz que es necesaria a una sana convivencia.

En el caso de las autoridades de ley y orden nada justifica su actuación en forma violenta. La tecnología y los recursos con los que cuentan deberían ser utilizados con mayor inteligencia y sosiego, tanta en el caso del alcalde de la ciudad de Humacao, como en las intervenciones con los ciudadanos de todas las clases sociales del país.