Pago anual de deuda de Puerto Rico triplica el presupuesto anual de UPR y Policía

La inmensidad del problema de un excesivo y desproporcionado endeudamiento público de $72,0000 millones en una economía desmirriada de un país pequeño como Puerto Rico cobra proporciones de crisis humanitaria. Esto se revela en el hecho de que el pago anual o servicio a la deuda pública de Puerto Rico es tres veces la cuantía del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, la universidad del Estado, y cinco veces el presupuesto de su cuerpo policial.

Para colmo y como si esto fuera poco, el Gobierno de Puerto Rico cayó en la imprudencia de otorgar contratos de asesores en reestructuración de la deuda para los cuales ya se ha pagado más de $100 millones, los cuales se suman a esa pesada erogación del pago de la deuda anual.

No obstante, esos leoninos contratos de asesoría de reestructuración de la deuda pública se otorgan sin que exista algún mecanismo legal uniforme que permita su renegociación. En otras palabras, estos contratos se otorgan en un vacío legal que permitan su desempeño y efectividad.

Esta pesadísima carga del pago de la deuda pública, un equivalente a la deuda exterior de los países soberanos, desangra la economía de un país que no goza de poderes soberanos que ofrezcan una capacidad de maniobrabilidad. El mecanismo legal uniforme que Puerto Rico necesita es objeto de las decisiones unilaterales de la Judicatura de Estados Unidos, país que mantiene secuestrado los poderes soberanos de lo que constituye su posesión colonial en el Caribe.

A la espera de ese limitado mecanismo legal uniforme con la restitución de la aplicabilidad a entidades gubernativas del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras que permita la negociación de la reestructuración de la deuda pública con los acreedores del cual gozaba Puerto Rico y que el Congreso de Estados Unidos le arrebató unilateralmente en décadas pasadas, esta posesión colonial estadounidense en el Caribe se mantiene con las manos atadas. Entretanto, los empleados gubernamentales pagan las consecuencias por no podérseles pagar derechos adquiridos, uno de ellos el bono de Navidad concedido por Ley desde hace décadas.

Y antes de que se pueda completar algun acuerdo con los bonistas, un batallón de abogados podría hacerse rico con los bonos de Puerto Rico.