A derribar la muralla de la Ley de Cabotaje que impide el desarrollo económico de Puerto Rico

Es sumamente significativo lo que recomienda un estudio senatorial al Gobierno de Puerto Rico. Recomienda, entre otras cosas, adoptar como política pública la liberación total de la aplicación de las leyes de cabotaje bajo la Ley Jones de 1917 por el impacto negativo en la economía de Puerto Rico.

La Ley de Cabotaje estadounidense aplica a Puerto Rico, Hawai, Alaska y la isla de Guam, en el Océano Pacífico. La obligatoriedad de utilizar exclusivamente a la marina mercante de Estados Unidos, la más cara del mundo, triplica los costos de nuestros productos importados. Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de lo que consumimos.

Puerto Rico es un mercado colonial cautivo de Estados Unidos. Un 94% de la carga que importamos de Estados Unidos sale del puerto de Jacksonville. Esto hace a Puerto Rico sumamente vulnerable a eventos imprevistos, porque Puerto Rico, además, tiene un solo puerto de carga, ubicado en la ciudad capital de San Juan.

Los abastos en Puerto Rico de alimentos perecederos tienen una duración de cuatro días y la duración de los abastos de alimentos congelados es de 16 días. En el caso, por ejemplo, de la carne de cabro y la carne de res proveniente de Australia, su transporte marítimo tiene una duración de 62 días. Como Puerto Rico, por su condición colonial, no puede tener comercio internacional, estos productos de carne, por ejemplo, salen de Australia, pasan por China, luego van a Japón, llegan a California y de California pasan terrestremente al puerto de Jacksonville, en Florida, para después de todo ese trayecto transportarse marítimamente a Puerto Rico.

La salida de la empresa Horizon del mercado de carga marítima de Puerto Rico ha provocado ante el temor de demoras en la carga un sobreinventario en el comercio local puertorriqueño, lo cual agrava el problema del exceso de demanda a las dos únicas empresas marítimas que quedan: Crowley y SeaStar.

Conforme a este estudio senatorial, es necesario abrir el transporte marítimo de Puerto Rico a las leyes del libre mercado y a la libre competencia. El oligopolio en el mercado naviero de carga en Puerto Rico (ahora con únicamente dos empresas marítimas) ha abierto paso a la creación de trust para fijar precios por lo bajo de fletes ilegalmente, en violación a las leyes antimonopolísticas de Estados Unidos.

En estos momentos, por ejemplo, se está cobrando al comercio de Puerto Rico fletes en barcazas al mismo precio de los barcos, con las limitaciones de cupo que las barcazas tienen y sus consecuencias en el rezago de furgones de mercancías que se quedan en el puerto de Jacksonville al no caber en la barcaza.

El Senado aprobó el lunes a viva voz el informe final de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana, y Economía Social, que preside la senadora Rossana López León, sobre el impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos a consecuencia de la Ley de Cabotaje.

Esa Comisión senatorial rindió un informe luego de escuchar a más de 30 deponentes, quienes en su mayoría rechazan las leyes de cabotaje y cita varios estudios sobre su impacto. Uno de los estudios fue el del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que indica que los altos costos de transportación de bienes a Puerto Rico eran debido a las restricciones impuestas por la Ley Jones.

Específicamente, el Banco reportó que un furgón de 20 pies con bienes cuesta sobre $3,000 para traer mercaderías a Puerto Rico desde el este de Estados Unidos, pero solo $1,500 llevarlo a República Dominicana.

El estudio hecho por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York insiste en que la aplicación de la Ley Jones de 1920 ofrece debilidad para el crecimiento económico de la Isla y encara aún más el alto costo de hacer negocios aquí.