Hay dos factores relacionados con la transportación marítima que asfixian la economía de Puerto Rico. Una de ellos es la Ley de Cabotaje impuesta a Puerto Rico que impide la utilización para el transporte marítimo de mercaderías desde o hacia Puerto Rico de barcos que no sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense. El otro, el oligopolio de únicamente dos empresas que controlan la transportación marítima en el país: Sea Star Line y Crowley Maritime
La profunda crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico desde hace ya más de siete años, convertida ya en una recesión económica, vuelve a poner de relieve la perjudicial Ley de Cabotaje impuesta a Puerto Rico
Uno de los estudios que analiza sus efectos en la economía de Puerto Rico data de 1999 y fue elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. El estudio calculó que calculó que sin las normas de cabotaje los costos de transporte de productos descenderían más de un 20%.
El único propósito de la Ley de Cabotaje es defender los intereses de los astilleros de Estados Unidos, con el efecto de costes más altos en los fletes marítimos que los de otros países, diferencia que termina pagando el consumidor puertorriqueño.
Alrededor del 85% de los bienes que se consumen en Puerto Rico son importados y sus precios se ven afectados directamente por los altos costos de los fletes marítimos de la marina mercante más cara del mundo.
El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda considera, según explicó en una entrevista con Efe, que la Ley de Cabotaje es “anacrónica” e “impide la libre competencia”.
Alameda, que ha llevado a cabo estudios sobre el tema, cree que si abriera a la competencia el transporte marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico, los costos de los productos importados se abaratarían notablemente.
Estudios dados a conocer por la Universidad Católica de Puerto Rico apuntan que la Ley de Cabotaje incrementa en la actualidad el precio de los bienes importados en cerca de un 30%.
La Ley de Cabotaje se aplica en Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso aprobó la primera ley orgánica, denominada Ley Foraker. En la Ley se dispuso que el cabotaje entre el territorio colonial de Puerto Rico y Estados Unidos sería regulado conforme con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo.
Al aprobarse la segunda ley orgánica, la Ley Jones, en 1917, las leyes de cabotaje continuaron en efecto y su vigor prevalece hasta hoy en Puerto Rico.
El problema se agudiza todavía más debido al oligopolio en la industria de transportación marítima que ejercen en Puerto Rico dos compañías estadounidenses. Eso ha hecho que los fletes marítimos entre Estados Unidos continental y Puerto Rico no hayan reflejado la baja drástica habida en el precio del barril de petróleo. El resultado ha sido que se mantengan inalterables y con tendencia ascendente los precios de los productos que consumimos en Puerto Rico.
Contrario a lo que se pronosticaba, los fletes de transportación marítima no han bajado de precio con la disminución del precio del combustible. Esto tiene un efecto económico adverso en un país que importa alrededor del 85% de los productos que consume.
Es inexplicable que la baja en el precio del barril de petróleo no ha redundado en una reducción en el flete de transportación marítima y, por consiguiente, en los precios de los productos de consumo importados. Los comerciantes y dueños de supermercados aducen que se han visto impedidos de pasarles algún tipo de ahorro en el costo de los productos a los consumidores porque ellos mismos no han recibido ahorros, inclusive en las tarifas que cobran las navieras así como de otras entidades de transportación de cargas.
La pregunta es por qué cuando el petróleo aumenta, hay un incremento inmediato en muchos productos por razón de que aumenta el coste de los fletes marítimos, pero cuando baja el precio del combustible, los consumidores no reciben un alivio en los precios de los productos de consumo importados, por razón de que los fletes marítimos no bajan de precio.
Significativamente, no ha habido ningún impuesto o tarifas que esté impactando negativamente la industria naviera en Puerto Rico y que justifique se mantengan los mismos costos de las tarifas de transporte marítimo, a pesar de la drástica baja en el precio del petróleo y sus derivados.
El problema es que con la salida del mercado de carga marítima de Horizon Lines, únicamente quedan dos empresas navieras: Sea Star Line y Crowley Maritime. Ese oligopolio en la industria de la carga marítima constituye un peligro para los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
Simplemente, la situación con respecto a los mismos costos de los fletes marítimos, no obstante la baja en el precio del petróleo, es insostenible y merece una investigación de la Legislatura por las implicaciones oligopólicas de control de precios envueltas en este asunto.