En el año 2009, el entonces gobernador Luis Fortuño anunció su plan de emergencia fiscal bautizándolo como “la medicina amarga” que se le impondría al pueblo como un sacrificio ineludible que debíamos hacer para superar la crisis.
Seis años después, luego del despido de cerca de 30 mil empleados públicos, la privatización de activos como el aeropuerto internacional, el abandono de servicios públicos como la salud, el aumento de impuestos al consumo y otras medidas de “austeridad”, las y los puertorriqueños se han empobrecido, la crisis se ha multiplicado y cientos de miles de boricuas han abandonado el país.
Para desgracia de nuestro pueblo, hoy, al igual que en el 2009, nos enfrentamos a un gobierno que receta políticas de privatización de lo que queda del servicio público como la educación, la eliminación de derechos laborales y la precarización de empleos sobre todo para la juventud, mientras mantiene los privilegios contributivos a las megatiendas y las grandes empresas, favorece la desregulación ambiental y continúa aumentando el endeudamiento como vehículo para lograr desarrollo económico.
El Plan de Ajuste Fiscal que presentó esta semana el gobernador García Padilla, que castiga a la Universidad de Puerto Rico con la reducción de sus fondos, es la continuación de la agenda inconclusa de la administración anterior… ¡es más “medicina amarga” para el pueblo humilde y trabajador, para nuestra juventud estudiantil y universitaria y para los sectores más desventajados de la sociedad!
Es repetir la receta que se ha impuesto en otros países de sacrificar al pueblo para satisfacer las demandas del capital financiero, los fondos buitres y otras alimañas que se enriquecen arruinándole la vida a los demás.
La experiencia mundial, y en el propio Puerto Rico, demuestra que esas políticas solo agudizan la crisis mientras provocan una mayor concentración de riqueza en unos pocos y un acelerado deterioro en la calidad de vida de la mayoría.
Por eso, desde hoy podemos anticipar que esta medicina amarga:
- Agravará la economía
- Acabará con lo que queda de la salud pública
- Aumentará la desigualdad social
- Degradará aún más el ambiente
- Privatizará la educación pública, deteriorándola más
- Asfixiará a la Universidad de Puerto Rico
- Condenará a nuestra juventud a empleos precarios
- Derogará derechos y beneficios a las y los trabajadores del servicio público y del sector privado
- Y terminará empujando más y más compatriotas al exilio.
La crisis económica, social y política que enfrenta nuestro país es de grandes proporciones y diversidad de factores, por lo que requiere una solución integral y la unión de esfuerzos de todos aquellos sectores que coincidimos sobre sus causas, efectos y soluciones.
La oposición a estas medidas no solo le corresponde a los sindicatos sino a todo el pueblo puertorriqueño –en la Isla y en el exilio– así como a todas las organizaciones de la sociedad civil que se esmeran por rescatar a Puerto Rico de la grave crisis por la que atraviesa.
Por tanto, reiteramos el llamado a conformar una gran concertación de organizaciones y de pueblo para detener los planes de exprimir más a los mismos y premiar con contratos y prebendas a los de siempre.
Forman parte de esta iniciativa: la Unión General de Trabajadores, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, el Consejo General de Estudiantes de la UPR-Río Piedras, la Alianza de la Salud para el Pueblo, el Centro de la Mujer Dominicana, el Obispo Felipe Lozada, de la Iglesia Evangélica Luterana, Juan Fernández de ALAS, el economista Alejandro Silva, el ambientalista y activista social Juan Rosario, la Alianza SEIU Puerto Rico, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, entre otros.
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