El Cuerpo de Delegados bajo la Ley 45 de Sindicación de los Empleados Públicos y Ley 130, que otorga el derecho a la negociación colectiva en las corporaciones públicas, estuvo reunido el pasado jueves, 29 de mayo, para analizar la situación que los servidores públicos del país están a punto de enfrentar con los proyectos legislativos para decretar una emergencia fiscal en Puerto Rico y evaluar el plan de lucha de la union para enfrentar esta enbestida del gobierno contra los trabajadores.
Los proyectos de emergencia fiscal (el P. del C. 1922 y el P. del S. 1092) pretenden lograr un presupuesto balanceado que reduzca el gasto público en más de $1,200 millones. Al 31 de marzo de 2014, la deuda pública de Puerto Rico era de 74,000 millones y el déficit fiscal, según números oficiales de la presente administración, era de $650 millones.
Prácticamente, la totalidad del peso del estado deficitario gubernamental recae sobre los hombros de los servidores públicos. La suspensión de beneficios económicos incrementales, beneficios marginales y bonificaciones, así como la eliminación de la liquidación de licencias en exceso por enfermedad y la uniformidad a $600 de los bonos de Navidad en las agencias del Gobierno central y los municipios tendrá un coste para los trabajadores gubernamentales de sobre $250 millones anuales.
Los números indican que ni la deuda ni el déficit fiscal tienen que ver directamente con el coste de nómina del Gobierno. A pesar de que en 2007 la nómina para 216,000 trabajadores en el Gobierno era de $5,190 millones (56% del presupuesto), ya para abril de 2014 esa nómina se redujo a 91,274 con un costo de poco más de $3,000 millones 37% del presupuesto). Para una entidad de servicio como lo es el Gobierno, donde el recurso humano es su principal factor, el gasto de nómina es razonablemente bajo.
Sin embargo, habiéndose reducido el coste de nómina en el Gobierno durante el período de 2007 a abril de 2014, la deuda creció en ese mismo período de $46 mil millones a $74 mil millones. De $838 millones que se pagó a los bonistas del presupuesto aprobado en el año fiscal 2007-2008, ese pago en el año fiscal 2012-2013 del fisco a los bonistas ascendió a $1,164,858. En ese mismo período, la calificación crediticia de Standard & Poor’s se degradó de una perspectiva estable BBB- a una perspectiva negativa BBB-.
El Gobierno de Puerto Rico se ha convertido en rehén de la economía especulativa de “casino” y del afán de réditos usureros de los bonistas, siendo los empleados públicos y la ciudadanía los paganos de ese descontrol.
Los ajustes de gastos en el Gobierno de la emergencia fiscal implican reestructuración y fusión de agencias y corporaciones públicas, cierre de decenas de escuelas públicas, cobro del IVU en los muelles, aumentos de impuestos ya vigentes, reducción de días feriados, programas de horario extendido en las agencias y corporaciones públicas que ofrecen servicios directos a la ciudadanía, regionalización y municipalización de servicios, eliminación de beneficios en los convenios colectivos, reduce y nivela los bonos de Navidad en todo el sector gubernativo a $650 y congela la negociación colectiva en las agencias gubernamentales por tres años con posibilidad de extensión por un período todavía más prolongado el paquete de medidas de emergencia fiscal.
El asunto es que las condiciones que imponen los proyectos legislativos (P. del C. 1922 y P. del S. 1092) en cuanto a que se logre un crecimiento del 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para que cese la emergencia fiscal tiene el efecto de prolongarla de facto por un período indeterminado hasta que se alcance ese requerimiento en la economía del país.
