El nuevo año 2016, se inicia con la situación de un Gobierno de Puerto Rico endeudado que no tiene dinero para pagarle a sus suplidores. Con ello, se afecta directamente, desde luego, los servicios asistenciales y de seguridad pública que se prestan a la ciudadanía
El seguro de salud gubernamental adeuda $30 millones a los hospitales, entre otros proveedores del sistema salubrista público, que amenaza con el cierre de alguno de ellos.
Por otro lado, el Departamento de Educación no ha cumplido con un compromiso de pago de $20 millones a más de 300 proveedores del Programa de Educación Especial desde hace más de tres meses. Esto amenaza con afectar a 162,522 estudiantes registrados en ese programa.
De igual forma, tiene una deuda de $16.7 millones concerniente al suplido de gasolina a su flota de automóviles, incluyendo automóviles de patrullas policiales para la seguridad en las calles.
En estos tres renglones únicamente la deuda a los suplidores del Gobierno asciende a $66.7 millones, poniendo en riesgo servicios gubernativos esenciales a la ciudadanía. El problema es su carencia de liquidez que va más allá de ese problema inmediato de falta de liquidez para convertirse en un grave asunto de déficit fiscal por insuficiencia de ingresos al erario.
El mal de fondo, realmente, es uno económico. La actividad económica del país no es suficiente para generar los ingresos al fisco que el Gobierno requiere para sus operaciones ordinarias de servicios a la ciudadanía.
Esos $66.7 millones de embrolla fiscal por carencia de pagos a suplidores del Gobierno es únicamente un asomo de un problema deficitario del presupuesto y de un adeudamiento gubernativo mucho mayor. Pero refleja cómo se está afectando la ciudadanía con el déficit fiscal.
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