El atropello contra el comercio criollo por parte de las megatiendas no puede ampararse, exclusivamente, bajo las leyes de libre comercio. Esto sería un subterfugio frente a los procedimientos “fast track” llevados a cabo para la apertura de megatiendas como Walmart y Walgreens, la cuales tienen la mayor concentración de sus subsidiarias por milla cuadrada en Puerto Rico, cuando se compara con estados, territorios y posesiones de Estados Unidos. No es el mismo procedimiento rápido de otorgación de permisos utilizado cuando se trata de la apertura del comercio criollo.
Es oportuna la petición de investigación que solicita el presidente de la organización Empresarios de Puerto Rico, Edwin Colón, sobre los procedimientos en las agencias concernientes para la apertura de dichas megatiendas en tiempo record y determinar si han mediado para ello “sobornos o compras de influencias”.
Sigue latente en la opinión pública la noticia de The New York Times, galardonada con un Pulitzer, sobre el soborno de Walmart en México.
El pedido a los legisladores de que tomen cartas en el asunto para investigar si las agencias están cumpliendo con sus responsabilidades fiscales y estudiar la posibilidad, de ser necesario, de legislar para establecer límites al crecimiento desmedido y que desarticule y evite la concentración de poder en unas pocas empresas, que una vez tienen el control del mercado, deciden qué se vende y a cuál precio, en perjuicio de nuestra población y nuestro país, cobra una gran vigencia e importancia trascendente.
No puede seguir permitiéndose la descapitalización del país con el desplazamiento del capital nativo. Las megatiendas están desplazando más empleados en el comercio local que los empleos que generan. El dinero producto de sus ganancias no se queda en Puerto Rico. Es la industria de alimentos la más afectada con esta invasión de las megatiendas. Algo hay que hacer. El Gobierno no puede permanecer de brazos cruzados.