El concepto jurídico de deuda odiosa

Hay un concepto jurídico denominado deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima. En derecho internacional, se trata de la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución, ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe y a sabiendas que no era legal o legítima. Por tanto, dichos contratos, bonos o acuerdos comerciales son nulos legalmente.

En todo caso, tales deudas podrían considerarse de entera responsabilidad del contrayente, debiendo responder quienes las hayan contraído, sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

Esta doctrina se invoca en la discusión sobre la obligación de pago de la deuda externa en aquellos países donde han existido dictaduras, monarquías absolutas, gobiernos no representativos e incluso gobiernos elegidos democráticamente que han contraído deudas a espaldas de sus ciudadanos, sin su consentimiento y contra los intereses de los propios ciudadanos.

Se ha esgrimido la deuda odiosa con frecuencia por los Estados Unidos para no hacerse cargo de las deudas contraídas por los países que pasaban a su posesión colonial o neocolonial, situaciones que han sido calificadas por algunos autores como independencia ficticia de Filipinas (1899-1901) y Cuba (1898-1902). También, en el caso de la administración de Irak por Estados Unidos durante la Guerra de 2003, cuando se negó a pagar las deudas contraídas con países como Francia.

La doctrina teórica de la deuda odiosa la formalizó Alexander Nahum Sack, un jurista ruso especializado en finanzas públicas que ejercería desde 1917 como profesor de derecho internacional en universidades de Europa y más tarde de Estados Unidos. Alexander Sack, basándose en los precedentes del siglo XIX -entre los que incluía el rechazo por parte del Estado mexicano de las deudas contraídas por el Emperador Maximiliano I de México, y el rechazo por Estados Unidos, una vez que se anexionó la isla, de las deudas contraídas por Cuba siendo colonia española- definía en estos términos la deuda odiosa o deuda execrable.

Las deudas odiosas tomadas contraídas con el conocimiento de los acreedores, a sabiendas que son contrarias a los intereses de la nación, no comprometen a la nación. Los acreedores han cometido un acto hostil para con la población al otorgar esos préstamo o adquirir bonos en el mercado de esa nación y a sabiendas de que ese endeudamiento no era factible e iba en detrimento y en su menoscabo económico.

El economista Jeff King define la deuda odiosa como aquella contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor.

El general José de San Martín, una vez conquistada Lima el 10 de julio de 1821, y al poco tiempo de asumir el cargo como libertador de Protector de la libertad de Perú, promulgó un Estatuto provisional que contiene posiblemente el primer antecedente normativo de la aplicación de la deuda odiosa. Proclamó que el nuevo gobierno no debía pagar la deuda contraída por las autoridades del Virreinato del Perú ya que los fondos así conseguidos habían sido utilizados contra el pueblo de Lima y del Perú.

Otro ejemplo es de Maximilano I en México. En 1864 Maximiliano I de México accedió al trono con el apoyo de Napoleón III quien había invadido México con tropas francesas para exigir el pago de las deudas del gobierno de Benito Juárez en 1861. Maximiliano I tenía además tenía el apoyo de la opinión católica y conservadora -frente a los liberales de Benito Juárez, que contaban con el apoyo popular-. Maximiliano fue perdiendo apoyos -hasta de Napoleón III- y tuvo que enfrentarse a las fuerzas republicanas liberales que obligaron a Maximiliano a pedir ayuda económica al exterior, contratando diversos empréstitos. Las fuerzas liberales ganaron varias victorias hasta que en 1867 avanzaron hasta Querétaro, uno de los últimos bastiones imperiales. En esa ciudad fue capturado Maximiliano con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, siendo los tres sentenciados a muerte, lo que se ejecutó en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.

Maximiliano había pedido préstamos a un alto interés a banqueros europeos, obteniendo fondos que fueron utilizados contra la sublevación de los republicanos. Ante ello, cuando dichos banqueros pretendieron cobrar a México las deudas contraídas en nombre de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez decretó que ese dinero había sido usado “contra el propio pueblo de México” y por tanto se rechazarían estas cobranzas. Idéntico argumento usó Estados Unidos, simpatizante de Juárez, para declarar la deuda odiosa o ilegítima-.18

Deuda odiosa de la Independencia de Cuba

En 1898, Estados Unidos salió victorioso de la Guerra Hispano-Estadounidense en la que Cuba -colonia española- estaba en juego. Cuba fue separada de la corona española, así como Puerto Rico y Filipinas que quedaron bajo protectorado de Estados Unidos. Después de la guerra España reclamó el pago de la deuda. En una reunión en París, Estados Unidos sostuvo que la deuda era odiosa, pues había sido impuesta en su único interés, sin el consentimiento del pueblo y sirvió para reprimir el movimiento de liberación de Cuba. España aceptó el argumento y Cuba se vio librada del pago de la deuda colonial.

Deuda odiosa de Costa Rica

En 1923 se emitió el Laudo Arbitral de William H. Taft, ex magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a favor del recién formado gobierno de Costa Rica contra una reclamación de Gran Bretaña. En este Laudo se estableció que el pago de una deuda de 250.000 dólares correspondía personalmente a Federico Tinoco Granados, ex presidente costarricense, quien había solicitado ese préstamo al Royal Bank of Canada violando normas internas de Costa Rica.

El Laudo consideró que esa deuda no debería ser asumida por la población de Costa Rica ni por su gobierno legítimo, en tanto Tinoco Granados había contraído la deuda en calidad de presidente de Costa Rica pero vulnerando las leyes de su país para esta clase de compromisos, siendo que el Royal Bank of Canada conocía las procedimientos legales fijados por la ley costarricense pero aun así aceptó prestar dinero a Tinoco, además de haberse usado el dinero prestado para beneficio personal de Tinoco y evitar la implantación de un régimen democrático y legítimo.

Por otro lado, el acuerdo de Londres de 1953 sobre las deudas privadas alemanas, contraídas en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, ascendía a 22.600 millones de marcos; a dicha deuda había que sumar de la deuda de la posguerra estimada en 16.200 millones. Los acreedores (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) acordaron reducir esa deuda un 62.6%. La reducción de la deuda de la República Federal Alemana (RFA) fue clave para su rápida reconstrucción después de la segunda guerra mundial.

Otro ejemplo se dio en 1998, cuando se produjo una gran recesión en Argentina, coincidiendo con el final del segundo mandato de Carlos Saúl Menem. El 24 de octubre de 1999, la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, ganaron las elecciones al binomio peronista de Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, y fueron proclamados presidente y vicepresidente de Argentina. El gobierno de Menem dejó un elevado déficit fiscal de 7,350 millones de pesos en 1999, por lo que de la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, manteniendo el tipo de cambio anclado al dólar estadounidense llamado convertibilidad.

En enero 2000 se produjo un aumento impositivo sobre las clases medias y altas que con la intención de mejorar las finanzas públicas consiguió frenar una incipiente reactivación. El peso de la deuda externa ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal con la posibilidad de que el estado entrara en suspensión de pagos, alimentaba la posibilidad de un pánico bancario o corrida bancaria.

En marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por $85,000 millones y para marzo se habían perdido más de $5.000 millones. En junio de 2001, el gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado “Megacanje” por $29,500 millones. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda.

Tras la caída de De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá fue nombrado presidente por la Asamblea Legislativa y declaró el Canje de la deuda argentina (default o suspensión de pagos) de la deuda pública de la Argentina, la mayor suspensión de pagos de un Estado en la historia. Acabó dimitiendo, entre otras razones, por no querer abandonar la convertibilidad. La suspensión fue la consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales que facilitó la estafa de miles de millones de dólares por los bancos extranjeros y empresas multinacionales. Activos y recursos de Argentina fueron saqueados. El sistema financiero se utilizó por Citibank, Credit Suisse, y JP Morgan para el lavado de dinero. Se produjo una transferencia masiva de riqueza y el empobrecimiento de la sociedad argentina. El 3 de enero de 2002 fue nombrado presidente Eduardo Duhalde. El 6 de enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde decidió dar fin a la Ley de Convertibilidad que había estado en vigor durante diez años. Para autores como Alejandro Olmos Gaona, hijo del gran experto en deuda externa Alejandro Olmos, el origen de la deuda, las comisiones de los intermediarios y sus renegociaciones constituyero un claro fraude y Argentina terminó no pagando la deuda.

Deuda odiosa en Irak

En 2002, antes de la invasión los Estados Unidos -que no querían administrar un país con una enorme deuda que les impediría actuar con libertad y sobre todo sacar el máximo beneficio económico al petróleo irakí. Decidió que el primer gobierno provisional declarara la suspensión del pago de la deuda con la excusa de que no debía cargarse sobre los ciudadanos de Irak. En abril de 2003 el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una reunión del G-8 convocada al efecto declara que la deuda de Irak es odiosa. Los acreedores principales son Francia y Rusia -grandes suministradores de armamento-. Estados Unidos hizo todo lo posible por que no se utilizara el término deuda odiosa ya que su argumento en Irak podía ser utilizado en muchos otros países. Una reunión del club de París acordó la reducción del 80% de la deuda odiosa iraquí con el acuerdo de no mencionar el nombre de deuda odiosa.

Deuda odiosa en Ecuador

Rafael Correa, entonces ministro de Hacienda en 2005, consideraba que el 80% del dinero obtenido por el petróleo ecuatoriano debía destinarse a la población y solamente el 20% al pago de la deuda. Esas afirmaciones hicieron que el Banco Mundial amenazara a Ecuador con cerrar los préstamos; antes dichas amenazas Correa dimitió como ministro alegando que no iba a someterse al mandato del Banco Mundial. En 2008, ya como Presidente de Ecuador Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar la deuda. Correa manifestó: Lo primero es la vida, después la deuda. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador, creó un Comité de Auditoría que concluyó que gran parte de la deuda de los gobiernos anteriores era ilegítima, especialmente los contratos de deuda del año 2000. El informe fue trasladado tanto al gobierno como a los ciudadanos de Ecuador.

El Gobierno de Rafael Correa declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el cese de pagos los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado, con valores muy bajos -sobre el 20% de su valor-, los bonos de deuda ecuatoriana. Ecuador, de forma secreta, utilizó 800 millones de dólares para comprar $3,000 millones de su propia deuda, lo que supuso una reducción de su deuda real y de los intereses así como un ahorro de unos $7,000 millones para Ecuador.

Deuda odiosa en Haití

El terremoto de Haití de 2010 puso en evidencia la imposibilidad de que Haití pudiera pagar la deuda externa contraída a lo largo de muchas décadas durante gobiernos dictatoriales y caracterizados por una altísima corrupción política, como los de la familia Duvalier (François Duvalier, Jean-Claude Duvalier) que dominaron la vida política haitiana durante gran parte del siglo XX.

Además, numerosas organizaciones civiles consideran que la mayoría de la deuda externa de Haití podría calificarse como deuda odiosa ya que se concedió a dictaduras con niveles elevadísimos de corrupción aun cuando los acreedores conocían bien estas características de los gobiernos haitianos con quienes se pactaron los préstamos; otra importante crítica es que el dinero así obtenido nunca benefició realmente al Estado haitiano o a su población y habría pasado apenas a engrosar la riqueza personal de la familia Duvalier. A raíz del terremoto del 2010, incluso el Club de París -organización de los principales países acreedores de todo el mundo-, en su reunión de 19 de enero de 2010 alentó la condonación de la deuda externa haitiana ante las evidentes dificultades financieras de este país, agravadas por la devastación del terremoto, considerando además la constatación de la imposibilidad absoluta de su pago.

(Gran parte de esta información fue obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre)