Noticia Publicada por: El Nuevo Día
En solo dos meses, cinco pacientes han muerto en el Hospital de Psiquiatría General Doctor Ramón Fernández Marina, en Río Piedras, la única clínica de salud mental para pacientes con condiciones mentales severas que opera el gobierno.
Se trató de un hombre de unos 45 años que, tras regresar de una vista judicial, fue colocado en una sala junto a otros siete pacientes bajo la vigilancia de un empleado de enfermería.
Hacinamiento de pacientes, falta de personal médico y de enfermería, escasez y cambios frecuentes de medicamentos y sobrecarga de trabajo son parte del cuadro que se vive en el Hospital de Psiquiatría General, según fue revelado a El Nuevo Día por tres fuentes con conocimiento interno de la clínica, en entrevistas separadas.
Que solo seis psiquiatras, algunos trabajando a tiempo parcial, estén a cargo de la evaluación y tratamiento de pacientes admitidos en las ocho salas del hospital que está operando a su máxima capacidad, con sus 200 camas, levanta una bandera roja. Que la sala de emergencia de hombres sobrepase más de tres veces su capacidad permitida, con unos 70 pacientes en lugar de los 20 a 26 permitidos, abona al panorama.
“No hay suficiente personal trabajando allí. Los pacientes se están muriendo porque no se les puede dar la calidad (de servicios) que se merecen”, dijo una de las fuentes que, al igual que las otras dos, solicitó anonimato.
Según supo este diario, otra de las cinco muertes registradas fue otro hombre que, al estar bajo los efectos sedativos de un medicamento, se ahogó mientras se comía un bizcocho.
Otros dos decesos fueron mujeres, una de unos 35 años que infartó y otra que sucumbió a raíz de un fallo cardiaco congestivo, mientras que de la quinta muerte no se ofrecieron detalles.
“Un enfermero que lleva (trabajando) muchos años en el hospital nos dijo que nunca antes se había visto allí cinco muertes en dos meses. Nos preocupa”, dijo una de las fuentes.
Según se informó, una falla grande de la clínica es tener solo un médico internista para responder las consultas de salud física.
“(El médico internista) estaba pasando a los cinco o seis días de la consulta, pero pasaron un memo y ahora se supone que las consultas se contesten en un máximo de tres días”, se indicó, al recalcar que se supone que los casos de emergencias de salud física sean referidos, de inmediato, al Hospital Municipal de San Juan o al Hospital Universitario, los cuales están ubicados a breve distancia de la clínica, en el Centro Médico.
También se advirtió que hay problemas con la compra de medicamentos ya que, por falta de pagos, al gobierno solo le queda una línea de crédito con un suplidor.
“No hay muchos medicamentos porque ya no le están fiando al gobierno. Por eso, todas las semanas cambian los medicamentos (disponibles) y hay que estar cambiando y recetando lo que hay”, se informó.
Debido a esta situación, una de las fuentes aseguró que las condiciones de salud mental de muchos pacientes han empeorado y les ha provocado un estado de mayor agresividad.
“En cada sala solo hay una habitación de restricción, cuando a veces pelean cuatro pacientes. Entonces, hay que amarrarlos a sillones de rueda o donde se pueda”, se informó.
Las fuentes aseguran que, aunque la actual administración de gobierno ha estado trabajando en enmendar algunos de los puntos de seguridad del hospital, aún quedan algunas áreas por subsanar, como unos goznes en las puertas de los baños que están “hacia afuera” y hay que cambiar, a petición del Joint Commission. Mientras esto se arregla, se informó que fue ubicado un empleado de enfermería frente a estos baños para evitar que un paciente se haga daño en este lugar.
“Durante la visita del Joint Commission se construyó un gazebo que costó $50,000 para que el área se viera bonita, cuando no era necesario con lo que estamos viviendo”, criticó una de las personas que hablaron con El Nuevo Día.
De acuerdo con las fuentes que compartieron información con este diario, la licencia que el Joint Commission recién le otorgó al hospital fue condicionada a que se haga una serie de cambios, como bajar la cantidad de pacientes para poder atenderlos mejor, contratar más personal y mejorar varios asuntos de seguridad.
“La administración ha intentado darle más apoyo al hospital, pero son deficiencias que se vienen arrastrando y que se agravaron este año. Es muy triste”, se indicó.
Según se informó, la entidad que fue contratada para administrar la parte médica de la clínica tiene un contrato de $1.5 millones al año.
“Hay mucho riesgo por el peligro de (demandas por) malpractice (impericia médica). Se habló con la corporación para que pusieran más médicos, pero no han puesto más”, deploró una de las fuentes.
No se han visto cambios
Los orígenes del Hospital de Psiquiatría General Doctor Ramón Fernández Marina datan del 1929, cuando se inauguró el “Nuevo Manicomio”. Allí se admiten pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y subaguda de sus condiciones. Cuenta con dos salas de emergencias –una para hombres y otra para mujeres– y es parte de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).
“No hemos visto cambios en el Hospital de Psiquiatría General, siguen con problemas de seguridad, hacinamiento de pacientes y falta de medicamentos”, indicó Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato que cobija a los empleados unionados de este hospital.
La situación laboral allí es tal que algunos empleados han renunciado, mientras otros se han reportado a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ya que la carga de trabajo es alta y esto aparentemente les ha afectado su salud física y mental, destacó el líder sindical.
“La cantidad de trabajo es responsable de muchas de las ausencias y tardanzas. Son áreas de alto riesgo”, agregó Guzmán López.
Ricky Díaz, delegado general de la UGT en la Assmca, lamentó que, además del hacinamiento de pacientes y la insuficiencia de medicamentos, otra de las fallas señaladas por el Joint Commission fue el incumplimiento en la atención de las salas de emergencia del hospital, las cuales son atendidas por un contratista privado.
“Están trasladando a pacientes supuestamente a hogares y otras instituciones, para poder entrar en cumplimiento”, dijo Díaz.
El Nuevo Día supo, de hecho, que ayer se les pidió a los médicos que laboran en la institución que fueran a dar de alta a pacientes, particularmente a los de sala de emergencia.
“URGENTE: hay 70 pacientes en sala de emergencia. Nunca visto. Necesito que vayamos TODOS a ayudar a verlos y hacer altas. Hospital Psiquiatría”, leía el mensaje de texto visto por este diario.
Según Díaz, a finales de junio vence el contrato con la corporación que corre la parte médica del hospital.
“No sabemos si la gente (personal) que está visitando el hospital es para sustituir a los que están o a complementar los servicios. Se supone que sea para complementar”, sostuvo.
Díaz llamó la atención, además, a la posible privatización del sistema a través de la creación de alianzas público privadas.
“Nos preocupa cómo sería la implantación y cómo va a afectar a los empleados”, dijo.
Agregó que el presupuesto de la Assmca ha sido reducido y que, considerando la calidad del servicio, particularmente en este hospital, se deben asignar los fondos necesarios para asegurar el servicio mayormente recibido por personas de escasos recursos.
“(Este hospital) ha sido golpeado administración tras administración. En vez de sacar gente se necesita más para fortalecer las áreas y dar mejor servicio”, dijo.
No hay integración
Para el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico, la situación que vive este hospital es reflejo de lo poco que se suele invertir, gobierno tras gobierno, en la salud mental.
“Aunque se supone que haya una integración de salud física y mental, en la Reforma corren absolutamente distintos”, deploró.
Agregó que otra particularidad del Hospital de Psiquiatría General es la falta de compromiso de muchos familiares con los pacientes allí admitidos.
“Nadie los busca, además de que por falta de camas (de psiquiatría) en Puerto Rico, terminan allí en el Psiquiátrico”, dijo.
Ramos sugirió que se hagan acuerdos directamente con grupos médicos o con la Administración de Servicios Médicos o el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para que corran con la parte médica.
El doctor Nicolás Hernández, delegado de Puerto Rico de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, defendió la labor de los psiquiatras debido a las regulaciones que deben cumplir. Su preocupación, dijo, gira en torno a la posible pobre supervisión del gobierno sobre los servicios.
