La resistencia gubernamental a demandar a UBS

Los trabajadores tenemos el derecho de preguntar y el Gobierno de Puerto Rico la obligación de responder sobre las razones en las que sostienen su posición de no demandar a los directivos y a la firma de corretaje UBS.

Esta firma, como tantas otras que se dedican a comprar y vender instrumentos financieros, obtienen jugosas comisiones cuando venden bonos u otros instrumentos de inversión generados por el gobierno.

Las valoraciones que hacen las diferentes casas acreditadoras sobre la solvencia de los emisores de bonos constituye una de las referencias principales para facilitar la compra y venta de los instrumentos negociables de los cuales se vale el gobierno al emitir deuda.

En el caso de UBS, según ha reseñado el periódico electrónico NOTICEL, esta casa de corretaje “fue foco de una demanda federal que sometió la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico (UEMPR), sobre la perdidosa emisión de bonos por $3,000 millones que hizo la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) en el 2008.

En enero de 2013, el Primero Circuito de Apelaciones de Boston, determinó que tanto Highley, Jr. como el expresidente de UBS, Miguel Ferrer, y el director ejecutivo de UBS y actual Jefe de Mercado de Capitales, Carlos Ubiñas, estaban vinculados con todas las etapas de la transacción que hizo la ASR por recomendación de la propia firma. Por ello, dicho foro judicial revocó la decisión de la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado Colón, quien desestimó la demanda de UEMPR.

Según el Primero Circuito de Apelaciones de Boston, Delgado Colón, “falló al no hacer inferencias razonables y de sentido común sobre los hechos que se alegan en la demanda”.

Sobre esta misma transacción que hizo la ASR, las representantes, Jenniffer González Colón y Lourdes Ramos Rivera, radicaron la Resolución Concurrente de la Cámara 46, que busca que se obligue al Gobierno a formar parte de la demanda presentada por Pedro José Nazario y Otros en contra de UBS.”

Tanto la administración de Luis Fortuño, como la presente de Alejandro García Padilla, se han resistido a sumarse a la demanda presentada por la Unión de Empleados de Muelles de PR. Si los más afectados por estas acciones hemos sido los trabajadores que aportamos al Sistema de Retiro no vemos razón alguna que justifique la negativa del gobierno que dice representarnos a sumarse a este pleito.