Para el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, cuyo sindicato representa a los empleados de la Compañía de Comercio y Exportación, las leyes de cabotaje impuestas desde Washington constituyen “una muralla que impide el desarrollo económico de Puerto Rico que es necesario derribar”.
El dirigente sindical aplaudió la aprobación a viva voz recientemente en el Senado de un informe de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana, y Economía Social, que preside la senadora Rossana López León, así como una resolución de su autoría sobre el impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos a consecuencia de la Ley de Cabotaje.
Conforme a la opinión de Perfecto Torres, es sumamente significativo lo que recomienda un estudio senatorial al Gobierno de Puerto Rico de adoptar como política pública la solicitud al presidente estadounidense para que emita una Orden Ejecutiva liberando por un período razonable de tiempo debido a la vulnerabilidad en que se encuentra Puerto Rico en estos momentos con la salida de la empresa naviera Horizon, en lo que se logra la derogación total de la aplicación de las leyes de cabotaje bajo la Ley Jones de 1917 por el impacto negativo que tiene en la economía de Puerto Rico.
Recordó que el problema de Puerto Rico con las leyes de cabotaje es similar al que tienen Hawai, Alaska y la isla de Guam, en el Océano Pacífico. Agregó que en el caso específico de Puerto Rico, la obligatoriedad de utilizar exclusivamente a la marina mercante de Estados Unidos, la más cara del mundo, triplica los costos de nuestros productos importados. Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de lo que consumimos.
Perfecto Torres hizo mención al señalamiento del estudio senatorial indicativo de que un 94% de la carga que Puerto Rico importa de Estados Unidos sale del puerto de Jacksonville. Esto hace a Puerto Rico sea sumamente vulnerable a eventos imprevistos, porque Puerto Rico tiene un solo puerto de carga, ubicado en la ciudad capital de San Juan
El líder obrero puso el caso mencionado en el estudio de la Comisión senatorial que preside la senadora López León de que los abastos a Puerto Rico de alimentos perecederos tienen una duración de cuatro días y la duración de los abastos de alimentos congelados, de 16 días. “En el caso, por ejemplo, de la carne de cabro y la carne de res proveniente de Australia, su transporte marítimo tiene una duración de 62 días. Como Puerto Rico, por su condición colonial, no puede tener comercio internacional, estos productos de carne, por ejemplo, salen de Australia, pasan por China, luego van a Japón, llegan a California y de California pasan terrestremente al puerto de Jacksonville, en Florida, para después de todo ese trayecto transportarse marítimamente a Puerto Rico”.
El presidente de la UGT sostuvo que la salida de la empresa Horizon del mercado de carga marítima de Puerto Rico ha suscitado temores de demoras en la carga, lo cual provoca un sobreinventario en el comercio local puertorriqueño que agrava el problema de exceso de demanda a las dos únicas empresas marítimas que quedan: Crowley y Sea Star.
“Es necesario abrir el transporte marítimo de Puerto Rico a las leyes del libre mercado y a la libre competencia. El oligopolio en el mercado naviero de carga en Puerto Rico (ahora con únicamente dos empresas marítimas) ha abierto paso a la creación de trust para fijar precios por lo bajo de fletes ilegalmente, en violación a las leyes antimonopolísticas de Estados Unidos”, aseguró Perfecto Torres.
Dijo que las investigaciones de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana del Senado han descubierto que en estos momentos, por ejemplo, se está cobrando al comercio de Puerto Rico fletes en barcazas al mismo precio de los barcos, con las limitaciones de cupo que las barcazas tienen y sus consecuencias en el rezago de furgones de mercancías que se quedan en el puerto de Jacksonville al no caber en la barcaza.
El dirigente sindical hizo referencia a un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que indica que los altos costos de transportación de bienes a Puerto Rico obedecían a las restricciones impuestas por la Ley Jones.
Específicamente, el Banco reportó que un furgón de 20 pies con bienes cuesta sobre $3,000 para traer mercaderías a Puerto Rico desde el este de Estados Unidos, pero solo $1,500 llevarlo a República Dominicana.
El estudio hecho por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York insiste en que la aplicación de la Ley Jones de 1917 ofrece debilidad para el crecimiento económico de la Isla y encara aún más el alto costo de hacer negocios aquí.
El líder de la UGT dijo que esa organización sindical se ha sumado a una coalición multisectorial que respalda el esfuerzo que hace la senadora López León de solicitarle al Presidente de Estados Unidos que emita una Orden Administrativa que exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje por un término definido en lo que se estabiliza la situación del mercado marítimo entre el territorio puertorriqueño y Estados Unidos, tras la salida de Horizon, para luego seguir luchando por que se derogue total y permanentemente la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje.
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