Mucho que explicar todavía

Hay muchos aspectos de la Ley de Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (Ley Criolla de Quiebras) que ameritan una aclaración por lo festinadamente que fue aprobada en la Legislatura y firmada a toda prisa por el Gobernador.

Con su contenido surgen serias dudas acerca de la negociación que mandata la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno con los sindicatos para llegar a acuerdos en las corporaciones públicas, que ahora esta otra Ley de Quiebras Criolla aprobada en la Legislatura y firmada por el Gobernador a toda prisa permite que los posibles acuerdos puedan trastocarse o eliminarse bajo una reestructuración de la deuda.

Las negociaciones que la UGT está efectuando con seis corporaciones públicas serían un esfuerzo fútil y en vano, en caso de que en algún momento dado una de estas corporaciones decidan peticionar una reestructuración de su deuda.

Es obvio que un aspecto susceptible de toda reestructuración de la deuda de una corporación pública bajo esta Ley Criolla de Quiebras es el convenio colectivos de los trabajadores, seguido de la posibilidad tácitamente abierta de la privatización.

Subrayó Perfecto Torres que en esta Ley prevalece siempre un “a menos que” en todas las determinaciones, y en el Capítulo 3 del estatuto se puntualiza que “un peticionario (en este caso corporación peticionaria de una reestructuración de su deuda) podrá transferir activos a una entidad que no sea una entidad del Estado Libre Asociado, incluyendo una transferencia de todos o sustancialmente todos los activos, si dicha transferencia es el producto de un proceso de transferencia adecuado y una negociación justa diseñada para obtener un precio que sea al menos un valor razonablemente equivalente al de los activos que se proponen transferir; o un proceso de subasta justo”.

Lo peor es que, acogida una corporación pública a la reestructuración de su deuda (quiebra), se propicia que su privatización pueda hacerse a precio de chatarra. Detrás de ese proyecto de ley están grandes intereses económicos que han maquinado la manera de enmascarar la privatización mediante un proceso previo de quiebra de las corporaciones públicas que codician.

Es obvio que ante la quiebra, la salvación que se pretenda dar a una corporación pública no es otra que la privatización. Lo que no se toma en consideración es que los servicios básicos al pueblo que brindan las corporaciones públicas tienen que ser subsidiados por el Estado para que sean accesibles a todos por igual. Ese principio de equidad desaparecería con un servicio esencial que pasaría a regirse por las leyes del mercado bajo la empresa privada.