Pretende iniciarse en el Gobierno el sacrificadero del ajuste fiscal y económico

La actual administración de Gobierno está intentando implantar de manera precipitada el plan de ajuste fiscal y económico en las agencias gubernamentales. Han comenzado ya a circular un cuestionario de OCALARH en algunas agencias públicas, denominado Informe de Empleados Participantes, Programa de Oportunidades de Horario Reducido al 31 de agosto de 2015 para que el empleado escoja una de tres nefastas alternativas:

1.Trabajar en cada jornada semanal un (1) día menos, independientemente de días feriados oficiales o concedidos con cargo a alguna licencia en dicha semana. En este caso, la jornada regular del empleado será reducida en veinte por ciento (20%), pero devengará el ochenta y cinco por ciento de su salario bruto.

2. Trabajar medio (1/2 día de su jornada regular. En este caso el empleado sólo trabajará cincuenta por ciento (50%) de su jornada regular, pero se remunerará por el sesenta y cinco por ciento (65%) de su salario.

3. La transición al retiro de aquellos empleados que le falten cinco (5) años o menos para acogerse a su pensión mínima de retiro, sólo trabajarán el cincuenta por ciento (50%) de su jornada regular, remunerándosele el 75% de su salario. Estos empleados deberán continuar con este arreglo por todo el tiempo que les reste para acogerse a su retiro.

Como vemos, se tiende una trampa, que ha comenzado por ASSMA y Salud al trabajador, en violación a los Convenios Colectivos vigentes en cada agencia. Se exhorta a los trabajadores unionados en las agencias o corporaciones públicas a no contestar el mencionado cuestionario por ser ilegal.

La UGT, junto con otras agencias, hizo un acuerdo transaccional con La Fortaleza para lograr ajustes que no permitiera la aplicación en todos sus términos de la Ley 66 de 2014, a cambio de lograr ahorros operacionales energéticos y de consumo de agua en las agencias públicas y permitir el disfrute de ciertos beneficios económicos proporcionalmente al logro del ahorro logrado. Por lo tanto, la UGT mantiene sus Convenios Colectivos vigentes en el Gobierno. Así que todas las condiciones de trabajo de sus empleados públicos representados en las agencias o corporaciones públicas están sujetas a lo acordado en los Convenios Colectivos vigentes. Es ilegal para la presente administración de Gobierno alterar los acuerdos contractuales del trabajo unilateralmente y sin haberlos negociado, como se pretende arbitrariamente ahora.

Cambiar unilateralmente el ordenamiento laboral que fue acordado previamente en los Convenios Colectivo vigentes sin negociarlo y consultarlo con la Unión es una acción ultra vires, contrario a todo principio del derecho.

Ya el movimiento obrero envió un claro y contundente mensaje en la manifestación del pasado 11 de septiembre frente al Capitolio y La Fortaleza: “Ni un solo sacrificio más de la clase trabajadora y el pueblo”. Ya hemos sacrificado mucho para buscar solución a la crisis”. Ya lo dijo en otras palabras el presidente de la UGT en su mensaje frente a La Fortaleza el pasado 11 de septiembre: “…la Ley 66 que nos robó los aumentos salariales y otros beneficios económicos negociados, que nos robó parte sustancial de nuestros bonos, nos robó nuestros derechos, va a permanecer vigente por más de una década” con esta propuesta de ajuste fiscal y económica. Basta ya de este sacrificadero de trabajadores; de sacrificar en aras de los bonistas a los hombres y mujeres que con su sudor y esfuerzo han hecho posible el progreso que hoy tenemos en nuestro país.

¡Basta ya!