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No puede pretenderse hacer justicia a unos, cometiendo injusticias contra otros. No es posible emplear en WIPR y WIPM, radio y televisión, a los despedidos por Univisión Puerto Rico, mientras no se hace justicia a los 23 cesanteados por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública que esperan por la resolución de su caso (el A-10-857) en el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desde hace cuatro años.

En la orientación hecha en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el grupo de Univisión Puerto Rico se separó inexplicablemente del grupo de los cesanteados de WIPR y WIPM, radio y televisión, en una evidente manipulación. Es obvio que ambos grupos debieron recibir juntos la orientación sobre las posibilidades de empleo en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, porque ambos grupos son partes indivisibles de un mismo problema y de una misma opción o alternativa.

De buenas a primeras, se publican, luego de los despidos repentinos en Univisión Puerto Rico, 29 plazas disponibles para Freelance en WIPR y tres en WIPM, cuando hace apenas unos cinco años atrás se cesantearon por razones económicas a 23 trabajadores unionados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de esos mismos puestos que ahora están dizque disponibles.

Es por eso que el 8 de noviembre de 2014, nos reuniremos a las 11:00 de la mañana en la sede de la UGT en Río Piedras, para discutir este asunto y dilucidar las acciones a seguir para corregir esa injusticia. Debe confirmarse la asistencia previamente con la copañera delegada general Felícita Sánchez llamando al (787) 397-0035.

La presente administración del gobernador Alejandro García Padilla ha intentado jugar el papel de justiciero en la opinión pública con el despido de 109 trabajadores de Univisión Puerto Rico. Está haciendo esfuerzos por conseguir fuentes de empleo a esos 109 trabajadores despedidos.

Ese papel justiciero confronta un escollo: las dos últimas administraciones de Gobierno, la de Luis Fortuño y la actual, han otorgado más de $10 millones en pautas publicitarias a Univisión Puerto Rico en los pasados seis años. En lo que va del cuatrienio de García Padilla, Univisión ha recibido poco más de dos millones de dólares en pautas publicitarias de agencias y corporaciones públicas del Gobierno.

La política que promueve la Ley 88 de 2013 prioriza las pautas publicitarias del Gobierno a la programación televisiva y radial local otorgando el 50% de sus gastos publicitarios para programas producidos localmente. Ahora es que la presente administración gubernativa debe ejercer verdaderamente el papel de justiciero mediante la otorgación de pautas publicitarias del Gobierno.

Pero no es únicamente el subsidio de la administración central de Gobierno. El municipio de Guaynabo otorgó privilegios a Univisión Puerto Rico mediante un contrato de renta escalonada por el uso del edificio público del ayuntamiento e invirtió en la habilitación del espacio que la emisora televisiva ocupa en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

El contrato tiene vigencia hasta 2059. La administración municipal de Guaynabo no contempla por ahora cancelar o renegociar ese contrato de renta.La justicia debe hacerse correctamente. Si no, no es verdadera justicia.