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Por: Rafael Santiago Medina
Asistente de Prensa de la UGT

Fue una metida de pata lo de la carta de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al Gobernador y a los líderes legislativos. Terciar en la pugna política del gobernador Alejandro García Padilla y los líderes legislativos de su propio partido político en cuanto a lo del IVA y la reforma contributiva fue una metida de pata que transmite un mensaje sumamente negativo a los bonistas y abre las puertas de par en par a los llamados “hedge fund” (Fondos Buitres).

La carta advierte sobre un posible cierre del Gobierno en los próximos tres meses por falta de liquidez si no se aprueba un proyecto legislativo de reforma contributiva y de imposición de un IVA, un plan de ajuste fiscal a cinco años y un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal. Balanceado en los términos indicados por el BGF tiene la implicación de un presupuesto fiscal que garantice el pago del servicio a la deuda (multimillonarios intereses) y los gastos gubernativos.

David H. Chafey, presidente de la Junta de Directores del BGF, se convierte en un intermediario, no únicamente de los bonistas, sino un mediador político del gobernador García Padilla con el liderato legislativo del PPD cuando dice en la misiva: “El mercado quiere saber lo que va a pasar ahí. La decisión le da claridad al mercado y permite tomar decisiones”.

Esta advertencia de un posible cierre del Gobierno por falta de liquidez para sus operaciones denota una crisis fiscal debido a un problema económico estructural. Escasean los recaudos fiscales porque el paradigma económicos de Puerto Rico colapsó a causa de su obsolescencia.

Si como se ha comprobado estadísticamente y con datos fehacientes, el problema no es por un excesivo gasto gubernativo como lo verifica el Banco Mundial y las estadísticas oficiales del Gobierno de Puerto Rico, entonces existe un problema estructural de fondo en su modelo de desarrollo económico.

Los datos revelan que la inversión que se hace en Puerto Rico en la operación del aparato gubernamental y para obras públicas es de apenas 10 centavos por cada dólar del Producto Bruto Nacional (PNB), en tanto que en Irlanda es de 37.7% (o sea, poco más de 37 centavos) y en Singapur del 18% (dieciocho centavos).

Como bien dijo para El Nuevo Día la Ex Secretaria de la Gobernación, Ingrid Vilá, el problema no es que haya demasiados empleados públicos en comparación con la población de Puerto Rico. El problema es que el sector privado es pequeño y no hemos logrado que crezca. En 2013, el 7% de la población de Puerto Rico trabajaba en el Gobierno. Para esa misma fecha, trabajaba en el Gobierno de Estados Unidos, la nación que es el ícono del capitalismo y de la actividad empresarial de capital privado, un 6.4% de la población.

No es únicamente que no hay una actividad económica en Puerto Rico que permita generar recaudos suficientes al fisco, sino que la situación se complica con un Gobierno ineficiente que no aprovecha adecuadamente el presupuesto para sus operaciones ordinarias.

Según Vila, si se lograran cambios que mejoren la eficiencia gubernamental, podría ahorrarse entre un 20 y un 30 por ciento del gasto del Fondo General, el cual se nutre de los impuestos que pagan los ciudadanos. El 20% del presupuesto actual del Fondo General equivale a alrededor, según ella, a $1,919 millones.

A su modo de ver, una reducción de gastos en ese orden sería suficiente como para eliminar casi por completo la contribución por concepto de ingresos individuales, gravamen que recaudó en el año fiscal 2014 unos $1,979 millones.

Siendo significativamente menor el gasto gubernamental en Puerto Rico a los de otros países con los que competimos por atracción de inversión de capital extranjero, entonces la crisis fiscal y económica del país que propicia la recurrencia de amenazas de cierres del Gobierno por falta de liquidez para sus operaciones cotidianas es de carácter estructural. Se trata, entonces, de un problema de fondo que debemos resolver con voluntad política y patriótica.