Se ventea públicamente la posibilidad de reducir la jornada semanal de trabajo de 40 horas por una de 30 horas para que se pueda emplear más personas con el tiempo laboral excedente y ampliar el mercado del trabajo.
A simple vista parece una utopía improbable porque la empresa privada carece de objetivos sociales altruistas y está regida por el afán de lucro. Pedirle que reduzca la jornada de trabajo por el mismo salario para emplear más personas redunda en sacrificar su rentabilidad a la inversión de capital. En otras palabras, reducir sus ganancias del capital invertido.
El Gobierno en esta alternativa juega un papel importante como benefactor. El ofrecimiento de asistencia social puede muy bien conjugarse con la reducción de la jornada de trabajo para que no necesariamente se necesite pagar el mismo salario por menos horas de trabajo.
El factor asistencial del Estado en el ofrecimiento de un plan de salud universal a muy bajo costo para los trabajadores y otras ofertas de servicio gratuito que compensen monetariamente la reducción del pago salarial por menos horas de trabajo pudiera muy bien ser una alternativa.
Esto teóricamente, suena muy bien, pero de algún lado tiene que salir el dinero para ese asistencialismo benefactor del Gobierno. Obviamente, la empresa privada tiene que aportar más dinero a las arcas gubernativas con mayores contribuciones por rendimiento del capital. Por otro lado, se requiere mayor creatividad para las opciones de allegar recursos al Estado, sin el Gobierno tener que meter la mano en el bolsillo de los trabajadores.
Con esos impuestos por el rendimiento del capital invertido se puede jugar para ofrecer incentivos a la empresa que utilice el tiempo laboral que resta tras la reducción de la jornada laboral para crear nuevos empleos.
La posibilidad de alternativas de esta propuesta de desarrollo económico es amplísima.
