Evidentemente, el debate sobre la situación económica y fiscal de Puerto Rico se ha convertido en algo recurrente y prioritario durante los últimos años. La concomitancia de ese debate es una solución encaminada a mejorar el estado deficitario del presupuesto frente a los gastos gubernativos. Para ello es necesario generar mayores ingresos al fisco y un gasto gubernamental más eficiente.
Incide en el problema fiscal de Puerto Rico el servicio a la excesiva deuda pública, por ser un factor que hace sumamente vulnerable la economía de Puerto Rico. Aunque la deuda pública no es de por sí un factor negativo, las dudas acerca de la capacidad de pago de esa deuda por causa de una paralización del desarrollo y productividad de la economía puertorriqueña es lo que determina la evaluación negativa de su solvencia.
El problema de Puerto Rico e3s que su economía decrece y llevamos nueve años en una depresión económica. Esto limita el cumplimiento de los pagos de la deuda, por lo que los mercados han ido degradando su crédito. Puerto Rico ha caído en manos de los fondos buitres. La deuda del país alcanza ya casi el cien por ciento de su Producto Nacional Bruto (PNB).
La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (Ley Criolla de Quiebras) pretendía asegurar la reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas, por no aplicarles a ellas las leyes federales de quiebra. Se aseguraba con el estatuto que, pese a los problemas deficitarios y de incumplimiento con los actuales términos del pago de sus deudas, esas corporaciones públicas continuaran ofreciendo servicios a la ciudadanía. No obstante, ese Ley recientemente aprobada fue declarada inconstitucional por el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, poniendo al país en una situación de indefensión.
El déficit fiscal actual se estima en $650 millones. Ese déficit fiscal se agrava por la incapacidad de lograr mayores recaudos por la vía tributaria actual, debido, entre otras cosas, a la depresión económica en que ha caído el país y a un descenso poblacional acelerado como consecuencia de un éxodo masivo de puertorriqueños a Estados Unidos.
El Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico afronta 16 emisiones de deudas y tiene que lidiar con 15 leyes, además de la Constitución del Estado Libre Asociado, y contratos con bonistas que datan de cuarenta años.
Es un precepto consensuado asegurarse de que cuando se emita una deuda tiene que identificarse previamente una fuente real de pago para evitar un endeudamiento impagable. Al presente se destina el 16% del presupuesto consolidado del Gobierno (recaudos al Fondo General y transferencias de fondos federales para programas gubernativos) para el servicio de la deuda pública de Puerto Rico (o sea, el pago de intereses). Esto irá creciendo exponencialmente en los próximos años, debido a los acuerdos pactados con los bonistas.
Hay en estos momentos bajo consideración del Senado, un proyecto de ley del senador Cirilo Tirado Rivera, del PPD,( el Proyecto del Senado 1311) para añadir como requisitos de la Junta de Gobierno del Baco Gubernamental de Fomento la creación de una Oficina para el Manejo de la Deuda Pública, cuyo propósito seria reestructurar esa deuda.
Sin duda, se trata de un proyecto de ley de mucha tangencia y pertinencia en estos momentos por los que atraviesa Puerto Rico y del cual se ha hablado muy poco y que merece una más seria atención pública.
