Dirigentes sindicales, que representan empleados en diez corporaciones públicas, se reunieron para delinear un plan de acción y revertir los diferentes modelos de privatización que ha implementado el Gobierno en las agencias.
Ángel R. Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de la Autoridad de Energía Eléctrica, Luis De Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Lizbeth Mercado Cordero, presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) y Gerson L. Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores que representa trabajadores en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), la Administración de Servicios Médicos- Centro Médico (ASEM), y el Centro Cardiovascular del Caribe, la Autoridad de Tierras, Comercio y Exportación, Corporación de Servicios Agrícolas y la Escuela de Artes Plásticas sindicales precisaron que se han propuesto desarrollar un conjunto de actividades dirigidas a ponerle fin a esta política que lo único que hace es privatizar y desmantelar el servicio público y que no logra en un mejor servicio para los ciudadanos ni aumentan la eficiencia de las corporaciones.
Los líderes sindicales presentaron ejemplos de modelos de privatización que se han implementado en las agencias donde representan empleados y que han sido cuestionados por los altos costos y por ser malos negocios para el pueblo de Puerto Rico.
“Como ejemplo de los efectos negativos de la privatización y este desmantelamiento, está el contrato de la AEE con LUMA Energy donde el gobierno paga por toda la operación sin que LUMA asuma riesgos, lo que conllevará aumento de las tarifas. Un contrato por el que pueblo de Puerto Rico ha pagado cerca de $100 millones solo por Luma aprender”, destacó Figueroa Jaramillo.
Por su parte, De Jesús, detalló que en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados los empleados lograron demostrar que pueden hacer el trabajo de la instalación de contadores a un costo significativamente menor que la propuesta de la empresa privada y con mayor eficiencia.
De igual forma, Mercado explicó, que la privatización de los servicios de farmacia en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo que ha hecho es retrasar innecesariamente la entrega de los medicamentos a los trabajadores lesionados que reciben el servicio y enriquece a un privatizador, cuando los lesionados son la razón de ser de la Corporación.
Del mismo modo, el presidente de la Unión General de Trabajadores señaló que “hemos logrado demostrar que la privatización de los servicios de facturación y cobro de las facilidades hospitalarias de Cardiovascular y ASEM no añaden nada a la excelente labor que han venido realizando en esta área los empleados de ambas corporaciones.”
“Sin la privatización, los millones que se embolsican los empresarios favorecidos, se podrán brindar mayores y mejores servicios de salud a la población. Por otro lado, todavía no se ha demostrado, ni por el Gobierno ni por la Junta de Control Fiscal que la impulsa, nada que justifique la privatización de las emisoras de radio y televisión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, añadió Guzmán.
Para el grupo de dirigentes sindicales la evidencia acumulada, en términos de los efectos negativos del desmantelamiento del servicio público, es más que suficiente para motivar una reconsideración de dicha política por parte de los funcionarios electos y del gobierno de Pedro Pierluisi.
