Telemundo entrevista al presidente de UGT sobre controversia por jueza ordenar el arresto por desacato, a 2 empleadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Telemundo visitó las oficinas de UGT ayer lunes 6 de julio de 2026, para entrevistar a Edwin Méndez Cardona, Presidente de la UGT, sobre la controversia de una jueza ordenar el arresto por desacato, a 2 empleadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La jueza Nerisved Durán emitió una orden de desacato contra dos técnicas sociopenales debido a la falta de entrega de informes requeridos y a su incomparecencia en varias citaciones judiciales. Las empleadas permanecieron esposadas en la sala del tribunal durante varias horas, de manera humillante a la vista de todos. Un acto que el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT) ha criticado, solicitando una disculpa pública y calificándolo como un intento de la jueza por demostrar poder.

Los puntos clave de esta situación incluyen:

• Argumento de los Sindicatos: Los líderes de la UGT y UNECAT denuncian que los retrasos se deben a una grave falta de personal. Actualmente, en el área metropolitana, solo hay 17 técnicos sociopenales para atender un volumen de 900 casos al año. Además, mencionan que la creación de nuevas plazas ha sido denegada por la OGP a la espera de un nuevo plan de clasificación.
• Posición del Poder Judicial: La Federación de la Magistratura y el Poder Judicial defienden la legalidad de la orden de desacato. Indican que las empleadas no solo fallaron en la entrega de documentos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, sino que también se ausentaron de las últimas citaciones sin presentar excusas.
• Respuesta de Corrección: El Secretario de Corrección describió el evento como una “situación muy lamentable”, aunque evitó discutir los detalles específicos por no contar con el expediente completo del tribunal en ese momento. Pero tampoco se comprometió a decir cuando leería el expediente y estaría listo para discutir detalles.

Esta controversia ha puesto de relieve la crisis de recursos en el sistema correccional y la tensión existente entre las exigencias del poder judicial y la capacidad operativa de los técnicos sociopenales. Edwin Méndez ha expresado que esta situación fue innecesaria. Ha explicado en varias entrevistas que la unión se habia comunicado con el secretario del DCR sobre la orden de arresto, y que este les había informado que la orden de arresto estaría sin efecto. Pero al las 2 empleadas de corrección llegar al Tribunal de San Juan el pasado viernes 3 de julio, fueron arrestadas y esposadas por espacio de 3 horas y media. Cuando no solo la orden de arresto debía estar sin efecto, si no que también la razón de la falta de entrega de los documentos fue por causas fuera del control de las 2 empleadas. Situaciones en las que realmente el responsable es el DRC y su falta de acción en solucionar la crisis de sobre carga laboral y falta de personal.

Los puntos clave de esta situación incluyen:

• Argumento de los Sindicatos: Los líderes de la UGT y UNECAT denuncian que los retrasos se deben a una grave falta de personal. Actualmente, en el área metropolitana, solo hay 17 técnicos sociopenales para atender un volumen de 900 casos al año. Además, mencionan que la creación de nuevas plazas ha sido denegada por la OGP a la espera de un nuevo plan de clasificación.
• Posición del Poder Judicial: La Federación de la Magistratura y el Poder Judicial defienden la legalidad de la orden de desacato. Indican que las empleadas no solo fallaron en la entrega de documentos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, sino que también se ausentaron de las últimas citaciones sin presentar excusas.
• Respuesta de Corrección: El Secretario de Corrección describió el evento como una “situación muy lamentable”, aunque evitó discutir los detalles específicos por no contar con el expediente completo del tribunal en ese momento. Pero tampoco se comprometió a decir cuando leería el expediente y estaría listo para discutir detalles.

Esta controversia ha puesto de relieve la crisis de recursos en el sistema correccional y la tensión existente entre las exigencias del poder judicial y la capacidad operativa de los técnicos sociopenales. Edwin Méndez ha expresado que esta situación fue innecesaria. Ha explicado en varias entrevistas que la unión se había comunicado con el secretario del DCR sobre la orden de arresto, y que este les había informado que la orden de arresto estaría sin efecto. Pero al las 2 empleadas de Corrección llegar al Tribunal de San Juan el pasado viernes 3 de julio, fueron arrestadas y esposadas por espacio de 3 horas y media. Cuando no solo la orden de arresto debía estar sin efecto, si no que también la razon de la falta de entrega de los documentos fue por causas fuera del control de las 2 empleadas. Situaciones en las que realmente el responsable es el DRC y su falta de acción en solucionar la crisis de sobre carga laboral y falta de personal.

Presione el enlace para ver la entrevista de Telemundo:

Judge who ordered arrest of socio-penal technician and supervisor questioned – YouTube