Los trabajadores enfrentamos uno de los momentos más difíciles dentro de la presente crisis que vive el País. Ante las dificultades que ha experimentado la actual administración para dar con una solución racional al problema de la deuda gubernamental, sin continuar penalizando al pueblo trabajador imponiendo impuestos, la salida momentánea ha sido reducir la jornada laboral de los empleados públicos y limitar, aún más, los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de las agencias de gobierno y las instituciones sin fines de lucro.
Podemos esperar, ante la empecinada posición gubernamental de cumplir con los bonistas por encima de las necesidades del pueblo, nuevas medidas de impuestos, así como mayores restricciones en el escenario laboral.
Tenemos que hacernos conscientes de la realidad de este momento histórico. Muchas cosas han cambiado en el país y los trabajadores, en conjunto con nuestras organizaciones, tenemos que adaptarnos a esos cambios sin perder de perspectiva la fundamental defensa de nuestros derechos y conquistas laborales.
En la medida que la realidad se transforma es importante que los trabajadores desarrollemos nuevas estrategias y tácticas de lucha. En forma alguna podemos asumir una actitud pasiva de resignación y aceptación de aquellas medidas que el gobierno pretenda imponer.
Nuestra posición sobre las medidas que ha establecido hasta el presente el gobierno es clara y transparente. Para nosotros son inaceptables las medidas presentes o futuras que signifiquen un menoscabo de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras que representamos. Consideramos que ya los trabajadores hemos aportado mucho más que lo que se ha requerido de otros sectores de nuestra sociedad.
Para los trabajadores, que no estamos ajenos a que esta crisis se pretende utilizar para arrebatarnos todos los derechos que hemos adquirido en una reforma laboral que nos deje lo más cerca del trabajo esclavo que sea posible, la propuesta de presupuesto que ha presentado el gobierno para el Año Fiscal 2015-2016, donde aproximadamente una tercera parte del mismo se dedica a pagarle a los bonistas,constituye una inmoralidad.
La deuda del país debe ser renegociada y ajustada a nuestra capacidad económica actual. Debe hacerse, de forma acelerada, un completo programa de desarrollo del país que permita una revitalización de nuestra economía. De igual manera deben tomarse las medidas cautelares necesarias para que Puerto Rico no tenga que repetir jamás en su historia una crisis tan profunda como la que le ha tocado vivir a esta generación.
Conscientes de la realidad que hemos descrito, e insistiendo en la urgente necesidad de encontrar soluciones razonables y aceptables para todos los sectores de nuestra sociedad, hemos emprendido una nueva ruta para la búsqueda de alternativas mediante un consenso intersectorial que permita edificar la nueva sociedad que debe salir de la crisis actual. Los trabajadores aportaremos desde nuestras posibilidades, el sector religioso desde las suyas y el sector empresarial hará lo propio. Nos guía el mejor deseo de servir bien al país, trabajar con absoluta transparencia y lograr sentar bases sólidas para salir adelante sin ánimo de rencores o venganzas. Esperamos que, por esta vez, el gobierno actúe con sensatez.
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